Rechazo a amnistía orteguista: condiciona libertad de presos políticos y protege a represores
El proyecto de ley que pretende aprobar este sábado la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional dejaría impune los asesinatos que cometió la dictadura de Daniel Ortega e impediría que se investiguen y procesen a los verdaderos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, cometidos a partir de abril de 2018.
El dictadorDaniel Ortega está arrastrando al país ala impunidad y evitando a toda costa asumir responsabilidades en las gravesviolaciones a los derechos humanos cometidos por él y su círculo más cercano.Hoy los diputados de la Asamblea Nacional aprobarán sin más la Ley de Amnistíaque el régimen ha diseñado para exonerar de procesos investigativos yjudiciales a los autores directos e indirectos de la brutal represión, desatadacontra ciudadanos civiles desarmados, que desde las calles exigían justicia ydemocracia para Nicaragua.
Pero una amnistía (del griego amnestia, olvido o perdón), no tiene cabida y más cuando Daniel Ortega ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Incluso la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ha alertado sobre esta ley, que provoca una falta de reparación a las víctimas: “Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Estas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”.
La representante del organismo mundial hace hincapié en que este proyecto de ley puede socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad. “En cuanto a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes, estas deben ser puestas en libertad y sus procesos penales deben ser desestimados”, dijo Bachelet en un comunicado de prensa.
Pablo Parenti, miembro del Grupo Interdisciplinario de Experto Internacionales (GIEI), conformado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionó a Daniel Ortega por querer dictar una ley de amnistía que ampare los crímenes cometidos por su Gobierno. “Inútil frente a crímenes de lesa humanidad”, fustigó el fiscal argentino.
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Tras seis demeses de investigaciones en Nicaragua, el GIEI planteó que para evitar la impunidad de crímenes de lesahumanidad, recomendó a los Estadosmiembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicieninvestigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidoscrímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislacióninterna de cada país.
Por suparte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó a lapropuesta del régimen y le recordó que son contrarias a la Convención Americanalas leyes de amnistía que impidan la investigación y sanción a los responsablesde las graves violaciones de derechos humanos Nicaragua. “Las víctimas, losfamiliares y la sociedad nicaragüense tienen derecho al esclarecimiento de laverdad y a garantías de no repetición. Cualquier mecanismo que impida uobstaculice el ejercicio de estos derechos, vulnera el estándar interamericano”,expuso.
La presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, llamó al proyecto como una “autoamnistía” y la ve más bien una acción cobarde y perversa “de quien huye de su propio miedo a enfrentar la justicia”. Por otro lado, valora esta medida como una de las últimas zancadillas que realizan los tiranos ante su inminente salida del usurpado poder gubernamental. “Libertad incondicional a nuestros presos y presas políticas ya”, instó desde su cuenta de Twitter.
El régimen insiste en su proyecto de ley que los ciudadanos nicaragüenses, que ejercían su derecho constitucional a la movilización y a la protesta, intentaron asestarle un golpe de Estado. “El 18 de abril un grupo de personas iniciaron la realización de actos violentos y destructivos con el propósito de derrocar al gobierno constitucionalmente electo (…) que dejó al país muerte, desintegración familiar y deterioro económico”, reza la exposición del proyecto en la que el régimen evade cualquier responsabilidad en los hechos violentos ejecutados por sus fuerzas policiales y paramilitares.
Los argumentos que esgrime el régimen para aprobar su Ley de Amnistía se basan en informes de la Comisión de la Verdad, que responde a intereses de él mismo, y en los que se señala que registraron preliminarmente 253 fallecidos. El texto también menciona que “los actos violentos” han ocasionado pérdida al país por 7,000 millones de córdobas.
NO REPETICIÓN ES AMENAZA A PRESOS POLÍTICOS
La Ley de Amnistía orteguista es un articulado que consta de cuatro aspectos: cobertura de la amnistía, alcance a delitos políticos y comunes conexos, no repetición –limitado a condicionar la libertad de los que hayan enfrentado procesos judiciales — y publicación y vigencia.
El artículo uno de la ley ordena que se conceda amnistía a todas las personas que “han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”, y agrega que esta se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias”.
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Eso implica, según la ley, que las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidades así como la ejecución de sentencias al momento de entrada en vigencia. Sin embargo, el régimen habla de aplicar amnistía a quienes el sistema judicial, leal a Ortega, ha identificado injustamente como culpables.
“Las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de esta ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata (…) Y por disposición de esta ley, las autoridades competentes cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas por la amnistía”, expone el proyecto de ley enviado por la dictadura.
El artículo tercero referido al principio de no repetición, en realidad consiste en condicionar la libertad de las personas que han enfrentado procesos penales y no se refiere a los verdaderos perpetradores de la represión. “Las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados”, dice el borrador de la ley.
Este artículo termina con la amenaza directa a la libertad de las personas, pese a que la misma amnistía habla de borrar el historial penal de aquellos que queden al amparo de la misma: “La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio de esta ley”.
AMNISTÍA INTERNACIONAL: LIBERTAD NO IMPUNIDAD
Al respecto,el organismo Amnistía Internacional manifestó que las personas detenidas porejercer sus derechos en el contexto de la crisis no necesitan una Ley deAmnistía si no la inmediata liberación. “Nicaragua debe recordar que cualquierdisposición de amnistía que impida la investigación y sanción de losresponsables de las violaciones de los derechos humanos es inadmisible. Lo queel pueblo de Nicaragua merece es verdad, justicia y reparación”, dijo ErikaGuevara, directora para las Américas de esta organización.
El grupo deabogados defensores de los presos políticos y que forman parte del recién creadomovimiento Acción Penal manifestaron que este proyecto de ley no concede ningúnbeneficio a las ciudadanos encarcelados, “puesto que no han cometido hechodelictivo alguno, ni han violado la ley, han ejercido legítimamente susderechos”, argumento.
Además, los juristas aseguran que la Ley de Amnistíaconstituye una estrategia política para beneficiar a personas que no se encuentransiendo procesadas o investigadas, pero que posiblemente pudieron haberincurrido en delitos en el contexto de la crisis política. “Este ley es unobstáculo para un verdadero proceso de justicia transicional”, denuncia.
La Ley deAmnistía del régimen ha sido ampliamente rechazada por los familiares de lospresos políticos, madres de las víctimas, juristas independientes, la oposiciónaglutinada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad NacionalAzul y Blanco (UNAB), y otros sectores de la sociedad nicaragüense, porquedejaría libre a los verdaderos responsables de las muertes de entre 325 y 500ciudadanos.
