Ocho años de represión en Nicaragua: urgen sanciones y protección al exilio ante el riesgo de una peligrosa normalización de la crisis
Nicaragua entra este 18 de abril al octavo año consecutivo de una crisis sociopolítica que en su primera fase se saldó a sangre y fuego. Actualmente, las balas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó disparar para frenar la mayor rebelión cívica de la historia reciente del país se han silenciado para dar paso a un esquema de represión que suprime libertades fundamentales.
La crisis en Nicaragua "es una realidad que se ha transformado, profundizado y que continúa afectando la vida de miles de personas dentro y fuera del país", alerta el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) que ha documentado la evolución de la crisis en el país.
El organismo alerta que uno de los grandes riesgos ante la crisis en el país es que derive en una "peligrosa normalización".
Raza e Igualda considera desafiante sostener una atención y una respuesta acordes a la gravedad y prolongación de la crisis. "El riesgo, en este contexto, es que su continuidad contribuya a una peligrosa normalización si no se consolidan los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas frente a un régimen que ha cometido —y continúa cometiendo— crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo", expresó en un pronunciamiento público
Según la organización, el riesgo no es solo la continuidad de la represión, sino su progresiva aceptación en la agenda global.
Desde abril de 2018, Nicaragua ha transitado de una represión abierta contra manifestantes a un sistema más complejo de control, caracterizado por mecanismos más sofisticados de control vigilancia, criminalización de la disidencia y cierre total del espacio cívico.
Son ocho años de silencio impuesto, destierros y exilio forzado que han fracturado familias y comunidades enteras; e impunidad, en los que las víctimas continúan esperando verdad, reparación y garantías de no repetición, señala el organismo.
El deterioro no se limita al territorio nacional. La organización señala que la persecución se ha extendido más allá de las fronteras, afectando a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores en el exilio mediante prácticas de represión transnacional.
A ello se suman ataques contra pueblos indígenas y afrodescendientes, restricciones a la libertad religiosa y el cierre sistemático de organizaciones de la sociedad civil, en un contexto de impunidad persistente.
Ante este escenario, Raza e Igualdad instó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a adoptar medidas concretas, incluyendo sanciones individuales, fortalecimiento de los mecanismos de investigación —como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— y acciones de responsabilidad internacional.
El llamado también incluye reforzar la protección de las personas nicaragüenses en el exilio, garantizar el principio de no devolución y avanzar en mecanismos que permitan judicializar las violaciones documentadas.
Pese a la prolongación de la crisis, la organización subraya que la documentación y denuncia de los abusos continúa, impulsada por la sociedad civil dentro y fuera del país y por instancias internacionales.
"Ocho años después, el silencio no es una opción", remarca.
