“Error gravísimo” de la inteligencia de Costa Rica dejó desprotegido a Samcam: “no se tomó en serio el riesgo”, señala abogado
La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica tenía pleno conocimiento de que el exmilitar nicaragüense Roberto Samcam corría riesgo de ser asesinado y no solo no actuó, sino que evitó que la denuncia llegara al conocimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). "No tomó en serio el riesgo", dice tajante el abogado de la familia, Federico Campos.
La investigación del asesinato del mayor en retiro ha sacado a la luz una serie de documentos y comunicaciones almacenados en los dispositivos móviles de la víctima que revelan que este mantenía un canal directo con contactos de Inteligencia de Costa Rica, a quienes alertó no solo de los planes para eliminarlo -según denunció- por órdenes expresas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino también de la existencia de una estructura de sicarios para ejecutar a otros opositores refugiados en Costa Rica, al menos diez, de acuerdo con los elementos anexados al expediente del caso.
En esta fase de la investigación se ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre la actuación de los servicios de inteligencia costarricenses, pues tenían conocimiento de amenazas concretas contra la víctima y no actuaron para prevenir el crimen.
"Si la DIS tenía información sobre riesgos contra la vida de una persona, estaba obligada a comunicarlo de inmediato al Ministerio Público o al OIJ", dijo el abogado en declaraciones a Teletica, en referencia al Organismo de Investigación Judicial. A su juicio, esa omisión constituye "un error gravísimo".
El señalamiento, que se apoya en los hallazgos obtenidos tras el análisis de los dispositivos electrónicos incautados el día del asesinato, "confirma lo que advertimos desde el inicio: la DIS conocía los riesgos, pero no le dio acompañamiento ni los tomó en serio", reiteró el abogado.
La Fiscalía investiga responsabilidad de la DIS
Anti indicios de posible negligencia en el manejo del caso, la Fiscalía confirmó la apertura de diligencias para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales dentro de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, bajo la figura de presunto incumplimiento de deberes.
El proceso se centra en una posible omisión de información clave y se centra en la decision de la DIS de no trasladar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertas sobre amenazas que el militar en reteiro refugiado en Costa Rica había comunicado meses antes de su asesinato. Esa omisión -de confirmarse- habría impedido activar mecanismos de protección.
El avance de las pesquisas también ha evidenciado contradicciones entre las versiones institucionales. Mientras mandos de la DIS sostuvieron ante la Asamblea Legislativa que las alertas fueron remitidas al OIJ desde agosto de 2024, la documentación judicial no respalda esa afirmación.
La Fiscalía Adjunta investiga el caso contra personas no identificadas, ante la "aparente omisión" en el manejo de información sensible. Registros extraídos de dispositivos móviles y mensajería apuntan a que datos sobre posibles ataques y movimientos sospechosos no fueron puestos en conocimiento de las autoridades encargadas de la investigación criminal.
Campos señala un manejo desigual de las alertas por parte de las autoridades. Sostiene que, en otros casos, como las amenazas contra el presidente Rodrigo Chaves, la Dirección de Inteligencia ha trasladado con rapidez información a la Fiscalía General ante riesgos menos documentados. "No se está midiendo con la misma vara", cuestionó.
Uno de los puntos más cuestionables -apunta el abogado- es que la DIS haya impedido que Samcam escalara a las instancias de invetigación que corresponde en el manejo de situaciones tan gravez. El abogado considera "inverosímil" que a Samcam y a otras personas se les desaconsejara acudir al OIJ a interponer denuncias formales. Atribuye esa decisión a tensiones internas entre cuerpos policiales que -según su percepción- priorizan competencias institucionales por encima de la coordinación.
El expediente de la investigación recoge testimonios que señalan que Samcam habría recibido indicaciones de no acudir al OIJ, bajo el argumento de presuntas filtraciones dentro de esa institución. De confirmarse, esta instrucción habría mantenido al órgano investigador al margen de información relevante antes del crimen, perpetrado el 19 de junio de 2025 en Moravia, tras denunciar amenazas previas vinculadas a su entorno. Para el representante de la familia, la falta de respuesta institucional no solo dejó desprotegida a la víctima, sino que plantea interrogantes sobre sus actuaciones.
La investigación sigue en curso, mientras crece la presión para esclarecer tanto la autoría del crimen como las eventuales responsabilidades por omisión dentro de las instituciones encargadas de la seguridad.
