CIDH: El régimen consolida un modelo de control basado en la persecución y el miedo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que en Nicaragua la represión no ha cesado, y por el contrario ha evolucionado hacia formas más amplias y sofisticadas de control social y político; por lo que exigió a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo poner fin a la represión, liberar de manera inmediata e incondicional a los presos políticos, y cesar la impunidad generalizada.
Ocho años después de las protestas de 2018, la CIDH sostiene que la dictadura Ortega y Murillo ha afianzado un modelo que combina encarcelamientos arbitrarios, vigilancia permanente y persecución que traspasa fronteras.
"La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo. Persisten diversos patrones de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y persecución política y religiosa, perpetradas incluso más allá de las fronteras; así como restricciones y afectaciones a garantías y libertades fundamentales, y violaciones bajo custodia estatal en condiciones inhumanas y degradantes", indicó la CIDH.
El organismo sostiene que en Nicaragua la disidencia es castigada con cárcel y hasta con el exilio forzado contra cualquiere persona que sea percibida como opositora. Actualmente, al menos 46 personas permanecen detenidas por motivos políticos, mientras continúan las denuncias de torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.
Persecución y vigilancia
La CIDH documentó que la nueva fase represiva la ejerce la dictadura contra los excarcelados quienes son vigilados y controlados constantemente, y lejos de recuperar su libertad, tienen limitaciones de movimiento y restricciones que condicionan su vida cotidiana, lo que refuerza un clima de miedo.
Asimismo, indicó que la represión ha cruzado las fronteras, ya que exiliados y exreos de conciencia son hostigados, amenazados e incluso se ha documentado el asesinato de nicaragüenses en el extranjero, así como el uso de mecanismos internacionales como solicitudes de extradición o alertas policiales con fines políticos.
A nivel nacional, periodistas, organizaciones sociales, líderes indígenas y religiosos operan bajo presión constante o han sido forzados a abandonar el país. También, han intensificado las restricciones a la libertad religiosa, vigilando y prohibiendo actividades públicas vinculadas a la fe.
El informe también pone el foco en la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, donde la expansión de actividades extractivas y la invasión de tierras por colonos continúan generando desplazamientos forzados y violencia que la dictadura no es capaz de frenar.
