La CIDH pide a la Corte IDH medidas urgentes para Álvaro Baltodano y otros cuatro presos políticos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales a favor de cinco presos políticos en situación de "extrema gravedad y urgencia", entre ellos el general en retiro Álvaro Baltodano Canterero y su hijo del mismo nombre.
También piden protección adicional para el coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez, su esposa Salvadora Martínez Aburto y Larry Martínez Romero. A todos ellos, la CIDH otorgó medidas cautelares tras identificar que se cumplían los requisitos de "gravedad, urgencia e irreparabilidad". No obstante -señala- que, a pesar de las acciones realizadas para obtener información por parte del Estado de Nicaragua, la Comisión no ha recibido respuesta que indique la adopción de medidas idóneas y efectivas para mitigar el riesgo.
La nueva solicitud, presentada el 30 de marzo de 2026 en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros, busca proteger a los cinco prisioneros políticos frente al riesgo de daños irreparables a sus derechos.
Según la CIDH, los cinco fueron detenidos en 2025 en medio de la criminalización de personas identificadas o percibidas como críticas al régimen, así como de actores de la sociedad civil que intentan participar en la vida pública, social, política o religiosa del país.
El organismo hace énfasis en la situación de Carlos Brenes Sánchez, Salvadora Martínez Aburto y Larry Martínez Romero, quienes permanecen con paradero desconocido desde su detención.
En el caso del general en retiro y su hijo, se encuentran recluidos en el sistema penitenciario conocido como La Modelo, después de que durante más de cinco meses se desconociera su ubicación. Baltodano Cantarero,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales a favor de cinco presos políticos en situación de “extrema gravedad y urgencia”, entre ellos el general en retiro Álvaro Baltodano Canterero y su hijo del mismo nombre.
También piden protección adicional para Carlos Brenes Sánchez, Salvadora Martínez Aburto y Larry Martínez Romero. A todos ellos, la CIDH otorgó medidas cautelares tras identificar que se cumplían los requisitos de "gravedad, urgencia e irreparabilidad". No obstante -señala- que, a pesar de las acciones realizadas para obtener información por parte del Estado de Nicaragua, la Comisión no ha recibido respuesta que indique la adopción de medidas idóneas y efectivas para mitigar el riesgo.
La nueva solicitud, presentada el 30 de marzo de 2026 en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros, busca proteger a los cinco prisioneros políticos frente al riesgo de daños irreparables a sus derechos.
Según la CIDH, los cinco fueron detenidos en 2025 en medio de la criminalización de personas identificadas o percibidas como críticas al régimen, así como de actores de la sociedad civil que intentan participar en la vida pública, social, política o religiosa del país.
El organismo hace énfasis en la situación de Carlos Brenes Sánchez, Salvadora Martínez Aburto y Larry Martínez Romero, quienes permanecen con paradero desconocido desde su detención. En el caso del general en retiro y su hijo, se encuentran recluidos en el sistema penitenciario conocido como La Modelo, después de que durante más de cinco meses se desconociera su ubicación. El general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exministro asesor del dictador Daniel Ortega, entre 2007 y 2022, fue condenado en secreto y sin derecho a la defensa a 20 años de prisión por el supuesto delito de "traición a la patria".
La CIDH valora que el caso de los cinco reos políticos "refleja una situación excepcional que se basa en el riesgo extremo, urgente e irreparable".
Ante esta situación, la CIDH pidió a la Corte IDH que ordene al Estado nicaragüense adoptar medidas inmediatas para proteger la vida, la integridad, la salud y la libertad personal de los afectados. También solicitó que se informe oficialmente sobre el paradero de las tres personas desaparecidas y que, en línea con decisiones previas, se disponga la liberación de los detenidos.
La Comisión subraya que la solicitud se enmarca en una situación excepcional y debe ser valorada dentro del contexto general de derechos humanos en Nicaragua, bajo observación constante de organismos internacionales.
Las medidas provisionales de la Corte IDH son de carácter obligatorio y se dictan en casos de riesgo inminente para evitar daños irreparables.
La CIDH valora que el caso de los cinco reos políticos "refleja una situación excepcional que se basa en el riesgo extremo, urgente e irreparable".
Ante esta situación, la CIDH pidió a la Corte IDH que ordene al Estado nicaragüense adoptar medidas inmediatas para proteger la vida, la integridad, la salud y la libertad personal de los afectados. También solicitó que se informe oficialmente sobre el paradero de las tres personas desaparecidas y que, en línea con decisiones previas, se disponga la liberación de los detenidos.
La Comisión subraya que la solicitud se enmarca en una situación excepcional y debe ser valorada dentro del contexto general de derechos humanos en Nicaragua, bajo observación constante de organismos internacionales.
Las medidas provisionales de la Corte IDH son de carácter obligatorio y se dictan en casos de riesgo inminente para evitar daños irreparables.
