Guatemala: sin ley contra la violencia digital mientras la IA se utiliza para violentar a las mujeres
Guatemala se suma a la lista de países en donde la Inteligencia Artificial (IA) se usa para violentar a las mujeres. Las denuncias de creación de imágenes donde se muestran a las mujeres desnudas se han duplicado. El trabajo de registro lo asumen organizaciones de la sociedad civil porque las autoridades no lo consideran delito.
Esta práctica se extiende por áreas urbanas y rurales del país, desde Ciudad de Guatemala hasta Alta Verapaz (norte) explicado por el “boom” del uso de aplicaciones como ChatGPT o Grok para crear “deepfakes” o “ultrafalsos”.
La colectiva “No más violencia digital” ha recibido solicitudes de ayuda de mujeres afectadas por el mal uso de esta tecnología desde 2022. Cuando empezaron a llevar registros, lo usual era la difusión de videos o imágenes sin consentimiento, pero desde 2024 documentan el uso de IA para alterar las fotos de adolescentes y mujeres adultas para mostrarlas sin ropa.
La difusión de estas imágenes deja a las víctimas en vulnerabilidad, sin posibilidad de impedir que el contenido alterado circule en grupos de mensajería o en plataformas donde se promueve la pornografía.
En el informe “Pantallas que Hablan: Lo que la violencia digital revela”, el grupo No Más Violencia Digital detalla que el número de casos que han atendido a través de reportes a su correo electrónico ha ido en aumento. En 2022 recibieron 25 reportes de todo tipo. En 2025 fueron 56 y más de la mitad corresponden a la alteración de fotografías.
El grupo está conformado por pedagogos que en 2020 se organizaron para reportar grupos de Facebook que permitían difamar a mujeres y amenazaban con subir fotografías de menores de edad desnudas.
Este grupo ha comprobado que las víctimas se encuentran sin respaldo para sancionar a sus agresores. En Guatemala no hay leyes que castiguen la violencia sexual digital y la única propuesta de ley que se analiza en el Congreso lleva casi tres años en trámite, sin que haya interés de los diputados para aprobarla pese a la evidente necesidad.
Javier Yantuche, uno de los fundadores de la colectiva No Más Violencia Digital, relató que el grupo dio acompañamiento psicológico y guía para que las mujeres pudieran colocar las denuncias, pero a 31 de las 42 les dieron carpetazo por desestimación. No procedió la investigación.
Los deepfakes son videos, imágenes o audios editados o generados a través de herramientas de inteligencia artificial que pueden mostrar personas reales o inexistentes. Yantuche dice que en el Ministerio Público les han dicho que “les van a tomar la denuncia (por trámite)”, pero que “no va a proceder porque no es delito, porque es una imagen falsa”.
Linda García, cofundadora de Cyberfem, organización que trabaja para educar y prevenir ante las agresiones digitales, expone que el problema de fondo es la violencia patriarcal enquistada en todos los ámbitos de la vida, incluso la creación de estas herramientas digitales. Cuestiona que las plataformas no previeron controles antes de lanzar esta tecnología y que, a pesar de las denuncias, no terminan de regular o impedir que se usen contra las mujeres. Grok, el asistente virtual de la red social X, propiedad del magnate Elon Musk, todavía permite desnudar personas en su versión pagada.
En los talleres que imparten en localidades como Alta Verapaz (norte), que tiene uno de los indicadores más altos de violencia contra la mujer, embarazos en niñas y adolescentes, maternidad forzada y limitaciones de acceso a servicios básicos y tecnología, la mayoría de adolescentes han vivido o conocen un caso de alteración de imágenes o audios con inteligencia artificial.
Una de las preocupaciones de la organización es que, con el tiempo, esta tecnología va a mejorar hasta el punto en que quizá sea difícil diferenciar lo falso de una imagen real. “Entonces, cuando todo esto avanza increíblemente rápido, el estado de Guatemala es absolutamente incapaz de ir a la misma velocidad para poner controles”, reflexiona.
El caso del Colegio Americano
En 2024 se hizo público un caso de violencia sexual digital a través de deepfake. Un grupo de estudiantes del Colegio Continental Americano, ubicado en zona 17 de la capital, alteraron las fotografías de varias de sus compañeras para crear montajes sexuales y, según se supo, comercializarlas por internet.
La situación se viralizó en las redes sociales, incluso a través de videos que madres y padres de las afectadas publicaron de las sesiones con las autoridades del colegio. El reclamo creció porque una de las profesoras justificó que los jóvenes “no actuaron por maldad”.
El caso se convirtió en tema de interés en los medios de comunicación locales e internacionales y esto llevó a la intervención de varias instituciones estatales, desde la vicepresidencia, el Ministerio de Educación, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), la Procuraduría General de la Nación (PGN), que ve casos de niñez y adolescencia, y el Ministerio Público.
Después que los alumnos fueron expulsados, la atención mediática disminuyó. Cinco meses después, en enero de 2025, se conoció que cuatro alumnos fueron vinculados a un proceso penal por violación a la intimidad sexual, difusión de pornografía y posesión de material pornográfico de menores de edad.
Estos delitos están contemplados en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. La violación a la intimidad sexual a través de la captación, posesión o utilización de imágenes o datos sexuales sin consentimiento se sanciona con uno a tres años de prisión (al ser penas de menos de cinco años se conmuta por dinero). La difusión del material implica penas de dos a cuatro años, y la difusión y posesión de pornografía son delitos gravados con seis hasta diez años de cárcel.
El Ministerio Público informó que ninguno de los cuatro acusados fue sentenciado, sino que la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal aplicó el “enfoque restaurativo para los adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Los cuatro jóvenes tuvieron la oportunidad de aceptar cargos y acogerse al “criterio de oportunidad”, un recurso legal que ofrece soluciones alternas al proceso penal.
Tres de los cuatro adolescentes acusados aceptaron el beneficio y tuvieron que pagar 31,555.25 quetzales (aproximadamente 4,114 dólares) en concepto de reparación digna a una de las víctimas. También se ordenó terapia psicológica durante seis meses para los acusados y la joven que denunció, así como la “prohibición de acercarse a la agraviada”, indicó el ente investigador.
El joven que no aceptó el criterio de oportunidad sigue con el proceso judicial y su situación está bajo análisis de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. El Ministerio Público no explicó por qué no se tomó en cuenta a las demás afectadas, ya que se conoció que hubo al menos 15 menores de edad que reportaron la alteración a sus fotografías.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas indicó que, tras el caso, coordinaron con el Ministerio de Educación, la Comisión Intersectorial de Tecnologías de Información y Comunicación, la PGN, así como la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (todas del Ejecutivo) para capacitar a 3,000 docentes del área norte de la capital, incluso del colegio Continental Americano, así como estudiantes para sensibilizarlos y que puedan identificar, prevenir y canalizar “situaciones vinculadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.
La prevención y sanción van a paso lento
Guatemala se enfrenta a una nueva forma de violencia sexual contra las mujeres potenciada por la IA cuando todavía no logra resolver otro tipo de manifestaciones que han sido denunciadas y documentadas.
Con el uso de la tecnología, la violencia sexual contra las mujeres toma otras modalidades para las cuales el sistema judicial no está preparado. Javier Yantuche, de No Más Violencia Digital, comenta el caso de una trabajadora que les reportó que un hombre encargado de la limpieza grababa a las mujeres cuando iban al baño.
“La Policía Nacional Civil no le tomó la denuncia (a la víctima) porque no había evidencia. No les creen. Eso ha sido una lucha fuerte, pesada”, refiere Yantuche.
Lucía José, parte del equipo de Asociación Crisálidas, una organización feminista que busca empoderar a las niñas, adolescentes y juventudes, reclama que exista un bloqueo sistemático a la Educación Sexual Integral, en el país, la cual “es una herramienta fundamental para la prevención de la violencia”.
En el Congreso se presentó la Iniciativa 6157, Ley de Educación Integral en Sexualidad (EIS), que busca proporcionar información basada en evidencia científica a estudiantes, maestros y padres de familia, con el objetivo de promover la toma de decisiones informadas y libres y hablar de la prevención del acoso y la violencia sexual, así como la reducción de embarazos adolescentes. Sin embargo, la ley no ha tenido avances significativos.
“Hay una gran deuda por parte del gobierno y del Estado. Al no tener una ley de educación integral en sexualidad que nos pueda dar este tipo de normativas en prevención de violencias en general, realmente hay una vulneración de derechos gravísima”, señala.
El Ministerio de Educación limitó la formación y capacitación que organizaciones no gubernamentales realizaban con temáticas de educación sexual en centros escolares debido a que el gremio magisterial y candidatos políticos dijeron que el ministerio implantaba “ideología de género” entre los alumnos. Ahora, las organizaciones deben firmar un convenio con el Ministerio, que evalúa el contenido de las capacitaciones y quiénes las imparten. El Ministerio de Salud está a cargo de impulsar la formación de salud sexual y reproductiva en los establecimientos.
Mientras tanto, en el Congreso se mantiene en pausa la discusión de la iniciativa de ley Contra la Violencia Sexual Digital, que propone proteger a cualquier persona víctima de manipulación o difusión de contenido sexual sin consentimiento. La propuesta de ley habla del derecho a la atención integral para las víctimas, a la protección, reparación integral, a la protección ante el agresor e impone sanciones de tres hasta ocho años de acuerdo con el delito.
El fondo de esta ley está basado en la Ley Olimpia de México, que reconoce la violencia digital y sanciona la divulgación, sin consentimiento, de contenido íntimo, sexual o erótico.
Un plan para prevenir en las escuelas
El gobierno inició un proceso de prevención de violencia física y digital en el sector educativo en 2025.
El personal contratado para esta labor usa el contenido de los programas “Cuida” y “Proesvi" (Protección Especial de Estudiantes Víctimas de Violencia)”, que fueron creados hace tres años para capacitar a docentes, alumnado, padres y madres.
Federico Roncal, asesor del viceministro Técnico de Educación, expuso que la formación es relevante, porque “muchos estudiantes ni siquiera están informados de que lo que están haciendo es delito o que es una forma de violencia”.
El asesor dice que el origen de la violencia digital es que la juventud “tuvo acceso a la tecnología sin entender las dimensiones de lo que puede significar para otra persona una publicación agresiva o una publicación que denigra o humilla”.
Roncal reconoce que hay casos de ciberviolencia en casi todo el país, pero no tienen datos, ya que, de momento, no son la mayoría, sino que otros tipos de violencia, como la sexual, son las que más preocupan por la incidencia a nivel nacional.
Sin embargo, el asesor asegura que el Ministerio realiza una actualización del sistema de quejas interno para incluir en sus reportes las modalidades de acoso escolar, tanto físico como a través de herramientas tecnológicas.