Violencia digital contra mujeres en El Salvador: cuando las leyes no alcanzan al poder

En El Salvador un hombre fue condenado a 22 años de prisión por difundir imágenes íntimas de su expareja, otro recibió una condena de 15 por exigirle dinero a una conocida a cambio de no hacer públicas fotos de ella alteradas con IA con fuerte contenido sexual y una mujer, deberá pasar 30 años en la cárcel por comercializar fotos y videos de niños siendo abusados. Las condenas se dictaron entre marzo de 2025 y enero de 2026. 

Leído así, el país más pequeño de Centroamérica y con poco más de 6 millones de habitantes debería tener buena calificación en el tema de la violencia digital de género. El problema es que para las organizaciones que luchan contra estas transgresiones, el país padece dos males que le hacen ruido: los subregistros y las expresiones de violencia digital ejercida contra ellas desde las esferas gubernamentales.

En medio de las voces que denuncian agresiones digitales contra mujeres, niñas y niños se oyen otras que señalan al aparato estatal por usar también plataformas y aplicaciones tecnológicas contra organizaciones feministas, defensores de derechos humanos y periodistas en ese país. Así, estos actores sociales, se hallan en la mirilla gubernamental y bajo ataque, en los mismos espacios virtuales donde otros son víctimas de “transgresores comunes”.     

El problema ha sido tal que el acoso digital aparece como la cuarta expresión de cinco tipos de agresiones que los comunicadores sufrieron en 2024, 82 casos en todo ese año, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el acoso digital, es una de las nueve manifestaciones de violencia virtual que defensoras digitales han identificado como un delito grave y recurrente en este país centroamericano.

Al comenzar este mes en el que el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, integrantes de la Iniciativa Mesoamericana IM-Defensora, alertaron sobre preocupantes ataques contra más de 900 activistas en México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. 41% de esas agresiones –según informaron– “se perpetraron en el territorio digital”. 

Por su lado, Human Rights Watch dice en su informe mundial 2026 que el gobierno de El Salvador ha intensificado esos ataques, utilizando el aparato estatal y Amnistía Internacional, ha llamado a la administración de Nayib Bukele a detener la criminalización de defensores y defensoras y parar la guerra contra las organizaciones feministas.      

En medio de “esa maleza” y con esas contradicciones como abono, la violencia digital contra el género, parece aumentar con subregistros inquietantes, confirma  a DESPACHO 505 una oficial del programa “Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres” de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa. “Los números y hechos que vemos no es lo que realmente pasa, el problema es mayor y cada vez más preocupante”, asegura.

En la pantalla y fuera de ellas 

Hace dos veranos Cecilia y dos amigas organizaron una visita de tres días a El Tunco, una de las playas más concurridas de El Salvador, ubicada en el municipio La Libertad, a unos 42 kilómetros de la capital. Siguiendo la costumbre moderna, apilaron decenas de fotos en sus teléfonos y las difundieron en sus redes sociales contando en imágenes fijas y videos cortos, lo bien que la pasaron. 

Dos meses después, parte de esas imágenes estaban colgadas en dos sitios para adultos. Eran sus rostros en otros cuerpos expuestos con menos prendas de vestir que las imágenes reales. En otras, se les veía totalmente desnudas y con la invitación a suscribirse para ver un contenido al que, según sus administradores, pocos “se arrepentirían de acceder”.

Andrea nunca se sintió “tan destruida y vulnerable” como el día que alguien le llamó a su móvil para contarle que videos íntimos de ella y su antigua pareja, andaban de pantalla en pantalla en teléfonos celulares de gente conocida y de otras totalmente extrañas en lugares del mundo que ni ella sabía que existían. A la par de los videos miró una etiqueta que avisaba de 650 mil reproducciones, otros miles de “me gusta”, compartidos por montón y centenares de comentarios de contenidos irrepetibles en los que le hacían propuestas también irrepetibles aquí.  Estaba devastada. 

Cecilia y Andrea conocieron una cara siniestra de las redes sociales de las que pocos suelen hablar, y de administradores de sus contenidos que han encontrado manera de retorcerlas hasta llevarlas a un nivel en el que nada bueno parecen tener, aunque en el planeta ya no quede un solo ser que respire sin estar en ellas. “Somos inconscientes, hasta un bebé con apenas horas de nacido son expuestos (las imágenes) en las plataformas, las mascotas están ahí también y ni perros ni gatos lo pidieron”, critica Cecilia.  

 “Es terrible”, le añade Andrea. “Hay daños que son tan profundos que uno ve irreparables”. Pese al tiempo que ha pasado, dice sentirse todavía afectada con lo que vivió.  “No se olvida y aunque no he visto el video ya en redes, es posible que alguien lo tenga guardado y me aterra pensar que puedan divulgarlo de nuevo… Y otra vez la pesadilla “, reflexiona. 

Para Marcela Hernández, fundadora del Movimiento Ley Olimpia de México, la organización que promueve una lucha frontal en toda América Latina por erradicar la violencia digital contra el género, el temor de Andrea es válido y la crítica de Cecilia también. Hernández explica que las imágenes difundidas tienen igual efecto destructivo, que cuando salieron por primera vez. “En efecto, el  daño es permanente”, asegura la defensora digital. “Y todos, absolutamente todos, estamos expuestos”, advierte. 

“En manos del algoritmo” 

En El Salvador, 4.88 millones de sus habitantes cuentan con una efectiva conectividad a Internet. Según la compañía DataReportal, el año 2025 fue uno de enorme crecimiento en esta materia; 7.7% con relación al año 2024. La compañía señala que el año pasado, el país cerró con un 76.9% de la población navegando en la gigantesca telaraña tecnológica.

Ese mismo año, 3.9 millones de identidades de salvadoreños se encontraron activas en redes sociales lo que para la compañía de datos significó que el 61.4% de quienes viven en el país, están en las plataformas de contenido. Un estudio del año pasado de ILB Metrics, señaló también que El Salvador, desarrollaba con éxito aceptable el uso de Inteligencia Artificial, IA, sobre todo en campañas publicitarias comerciales y la producción de contenido de entretenimiento. 

Señala que la IA fue muy usada en TikTok, Meta (Facebook), Instagram y canales de YouTube. El uso fue con mayor incidencia en TikTok donde el 87% de salvadoreños tienen presencia, Facebook 78% e Instagram con el 61.1%. “Estas estadísticas no alarman”, dice la activista de Ormusa, “lo que inquieta es la exposición. Hay un riesgo altísimo, nadie está a salvo”, advierte. 

Explica que los estudios de la organización agregan otra estadística, que, aunque igual de fría que los estudios del mundo de las redes, leerlos con detenimiento y reflexión son para no tomársela para nada a la ligera. “Alrededor del 70% de las mujeres en El Salvador han enfrentado al menos un hecho de violencia digital y casi el 100% de ellas, manifiesta conocer un caso que aunque no le haya ocurrido a ella, ha ocurrido en su entorno. Es una prevalencia bastante alta”, señala la activista.   

Hernández por su lado, añade otro dato que helaría a cualquiera. “Hemos documentado que una IA desarrollada por una compañía estadounidense genera en la plataforma X (antes Twitter) 6 mil 700 imágenes por hora de mujeres desnudas sin consentimiento de ellas. Es un nivel de violencia descontrolado”, asegura. 

Cerco a la información agrava problema  

La red de Defensoras Digitales no se atreven a dar cifras exactas actualizadas sobre las víctimas de violencia digital contra el género en El Salvador. Las autoridades se las niegan porque desde un buen tiempo para acá las ven como una amenaza, pese a la insistencia de ellas de recordarle al Estado, que se trata de un problema social, no político. 

No obstante, creen que la prevalencia ha crecido de forma alarmante aunque no aparezcan reflejados en las estadísticas oficiales. Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), registró 8,038 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, lo que representa un promedio de 22 casos diarios y aunque el informe menciona un aumento en casos de violencia digital, no ofrece una estadística especifica, ni porcentual sobre el tema.  

“Un número muy significativo de esas cifras de violencia -y puede que más- del año pasado, tienen un alto componente de agresiones perpetradas a través de entornos digitales”, aseguran las activistas. “La violencia ha cambiado y se ha diversificado, con un crecimiento en la ´tecnología-facilitada de violencia de género´ (TFGBV, por sus siglas en inglés). Esta forma de violencia incluye el ciberacoso, la difusión de imágenes sin consentimiento y la extorsión sexual”, explica también en informe reciente el Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres.

En 2022, cuando las autoridades salvadoreñas no habían instalado un cerco informativo contra las organizaciones feministas, la FGR dio a conocer que de mayo 2019 a mayo de 2021 atendieron la denuncia de 2,100 delitos de violencia sexual digital cometidos contra niñas, adolescentes, mujeres y personas con algún tipo de discapacidad. 

Las transgresiones llegaron a ser la difusión, reproducción, transmisión y comercialización de imágenes, audios, vídeos y mensajes de contenido íntimo de una persona sin su consentimiento. Un año después, en 2022, los casos denunciados llegaron a 214. La información oficial sobre violencia digital escapa a ser detallada en los años 2023 y 2024. Y con respecto al año pasado, forman parte de los más de 8 mil casos de violencia perpetrados contra mujeres y niñas. 

En 2020 la FGR publicó que ese año, promovieron causas para sancionar 267 difusiones ilegales de datos, mientras que en 2021 fueron 94. Para las defensoras digitales son números todavía muy bajos. En mayo de ese año, Ormusa por ejemplo,  dio a conocer un estudio en el que analizó 3,015 textos de la red social Twitter, ahora llamada X y concluyó que el 51% “eran misóginos”. “Establecían estereotipos y desacreditaban a las mujeres. Son formas de violencia directas”, denunciaron las activistas en ese momento. “Esto en vez de cambiar ha empeorado. Hay un subregistro notable”, aseguran casi cinco años después.  

Buen marco legal pero…

Las defensoras digitales están convencidas que El Salvador es el país con uno de los mejores marcos jurídicos para perseguir la violencia digital. El artículo 50 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) deja claras las sanciones contra “quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal que dañe el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su consentimiento”. 

El que viole el artículo será encerrado bajo penas severas que van desde los cincos, 15 y hasta 22 años. Una pena como esa fue imputada en el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, distrito de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán contra William Alexander Morales Quevedo en mayo de 2024. 

Además de la LEIV, los transgresores digitales en El Salvador son perseguidos con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y el Código Penal. Las defensoras dicen que incluso ha habido actualizaciones de estas leyes como la más reciente en 2018 para adecuarlas a la realidad, pero “es una carrera contra la tecnología, un ritmo que no es fácil de seguir”. 

Mencionó como una novedad que en este país se castiga la difusión de imágenes alteradas, un articulado que en el resto de los países de la región ni siquiera existe como proyecto de reforma. “Con eso y todo, todavía no se corresponde con una lucha efectiva para erradicar la violencia digital”, dice una activista de Ormusa. A su criterio “hay un nudo” que las instituciones no han podido resolver. 

“Hay víctimas que saben y pueden revelar quién es el agresor, pero a veces no. ¿Cómo perseguir a un autor que se esconde detrás de grandes corporaciones?  ¿Cómo lo identifico?, ¿Dónde está? Esas que roban identidades con instrumentos sofisticados. Ahí hay un gran problema, además del daño causado, reina la impunidad”, sentencia la especialista. 

Asegura que la violencia digital debería estar clasificada como un delito internacional. “Así como tratamos el tema de la pornografía infantil, la trata de personas, pero no, no está pasando eso.  ¿Dónde está ahí la regulación? Hay leyes para criminalizarlas en nuestros países, pero en otros no y esas son grandes paredes. Ahí hay un cerco de impunidad”, reiteró.