Honduras de rodillas frente al algoritmo

La pregunta que Angie Cristal Sandoval se hizo antes de ingerir un químico tóxico que le quitó la vida hace cuatro años en su casa de San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras, sigue sin respuesta en el mismo lugar donde la hizo.  “¿En cuánto tiempo creo que mis amigas superarían mi muerte?”, se cuestionó en un video de TikTok. Ni entonces, ni ahora, alguien se atrevió a responder. 

Tenía 14 años y no pudo lidiar con todo lo que se le vino encima tras la divulgación de fotos que exponían su intimidad y que recorrieron páginas de conocidos y desconocidos en la red social Facebook. En medio de la presión que vivía en las cuatro paredes de su casa, llegó el acoso de quienes dejaron de verla como una adolescente en líos y la ofendieron, se burlaron de ella e hicieron públicas ofertas retorcidas de índole sexual que derritieron su estima hasta dejarla sin salida en la vida terrenal. 

Angie Cristal decidió ponerle fin a su calvario con sus propias manos el 4 de septiembre de 2021. Sola, y quizás convencida de que todos los que debieron protegerla de aquella agresión sin materia, pero brutal, le dieron la espalda. Ni sus amigas, cuyos nombres y acciones después de toda su tragedia estuvieron en su mente minutos previos al apagón de su vida, según el mismo mensaje que ella divulgó y que nadie olvida en el barrio Las Lajas de su ciudad de origen.     

Para Iris Alas, una activista contra la violencia digital en ese país centroamericano de casi 11 millones de habitantes, la historia de Angie Cristal, aunque no es la única, retrata una terrible consecuencia de un mal en aumento en las sociedades modernas: la violencia digital. “Ni en Honduras, ni en ningún país del mundo se está a salvo”, asegura. 

Alas, de 27 años, ahora estudiante de derecho por destino, se encuentra en el vértice de esta lucha en su país no solo por sororidad, sino porque ella misma sufrió el tormento de Angie Cristal, aunque según sus mismas palabras, ella vive y no solo para contarlo, sino para plantarle cara a ese tipo de abusos. Lo que le ocurrió a ella fue también en 2021. Una mañana que parecía una cualquiera, supo que imágenes íntimas de su propiedad andaban de teléfono en teléfono en el recinto a dónde asistía como estudiante de ingeniería en computación. “Aquello me devastó, me cambió la vida por completo”, dice a Despacho 505.

Y no exagera. Tras su lucha por sobrevivir y esquivar el fin de una vida temprana como lo hizo una Angie Cristal acorralada, dejó su vida tal y como era, abandonó las aulas de ingeniería y decidió estudiar leyes para entregarse de lleno a hacer conciencia en su país sobre este monstruo de varias cabezas que destruye vidas enteras debajo de un nombre que suena elegante y sofisticado en esta era: algoritmo. 

La “súper-conectividad” y todos expuestos 

Como en todos los países de Latinoamérica, Honduras vive con sus propias contradicciones. Es un país pequeño, casi sobrepoblado y con el crecimiento viviendo en el sótano según el Índice de Prosperidad 2025 publicado en agosto del año pasado por HelloSafe, que evalúa el bienestar económico y social de 186 países, incluida la región centroamericana.

Con una calificación de 17,33, Honduras se ubicó no solo en la última posición de ese ranking a nivel regional, sino también entre los más rezagados del mundo en desarrollo humano, tanto en el ingreso per cápita y calidad de vida. En 2024, el país ocupó el puesto 114 entre los países que expanden el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, y el año pasado, un estudio elaborado por Oxford Insights, lo ubica en el puesto 157 entre poco más de 200 países con capacidad para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, IA. 

Leído así, uno creería que esas malas calificaciones, debían mantener protegido a los  ciudadanos hondureños de padecer los males de la ola digital de estos tiempos modernos, pero no. Hay otra paradoja; el más reciente estudio sobre conectividad del Instituto Nacional de Estadística (INE), dice que nueve de cada 10 hogares en este país, tienen un equipo vinculado a las TIC, el 93.4% de esos hogares tiene acceso a teléfono celular y el 62% de la población está conectado a internet, 22% más que la registrada hace cinco años.

Cuando todos esos números se apilan y se cruzan en el tema de la violencia digital las alarmas empiezan a sonar.  Olimpia Coral, la activista mexicana que en su natal Puebla, México, vivió la misma historia de Alas y miles más en el mundo, dice sobre Honduras que su equipo encontró que sólo en uno de los más de dos millones de plataformas dedicadas a la explotación sexual digital que funcionan en toda América Latina, circulan 6,146 videos donde exhiben imágenes íntima de mujeres hondureñas.   

La activista explicó que la mayoría son grabaciones sin consentimiento, a veces en lugares públicos y espacios privados y que por lo tanto, la víctima ni siquiera sabe que ha sido violentada mientras el daño sigue siendo difundido en miles y miles de pantallas de desconocidos que consumen este tipo de contenido. “Hay también casos donde la grabación fue consentida, pero no la difusión, y el daño es igual de devastador para la víctima”, añade.

Tierra fértil para la impunidad

De todos los países de la región, Honduras es percibido como uno con tierra fértil para la impunidad en materia de violencia digital. Al momento de la redacción de este reportaje, el único apartado legal que castiga un delito digital contra una persona ya sea hombre o mujer, se encuentra en dos tímidos artículos del Código Penal de ese país. Ambos nacieron de una reforma que se hizo apenas hace ocho años y que para integrantes del movimiento Defensoras Digitales en las que milita Alas, es todavía insuficiente no solo para perseguir la transgresión, sino que carece de capacidad para frenarla. 

El artículo 253 del instrumento jurídico por ejemplo, señala que una persona que a través de “las tecnologías de la comunicación e información propone a un menor de 14 años concertar un encuentro físico para realizar actividades sexuales, siempre y cuando tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados a dicho encuentro, debe ser castigado con la pena de arresto domiciliario de uno a tres años”. Si, leyó bien, solo arresto domiciliario.   

La cárcel solo será para aquellos que obtengan “la aproximación mediante coacción o intimidación”, señala el artículo. La pena en ese caso, será de dos a cuatro años de reclusión. El castigo por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y que se ha convertido en una de las mayores expresiones de este tipo de violencia, se establece en el artículo 272 del mismo Código. Quienes redactaron el artículo consideran la acción como la “revelación” de una especie de “secreto” y no hay cárcel. El daño, por increíble que parezca, será reparado con una multa de hasta mil días. 

Para las organizaciones de defensoría digital y defensoras de derechos humanos, esa  precariedad para el castigo, explica la baja estadística en las denuncias ante las autoridades que deberían de perseguir la transgresión. Los informes de la Policía Nacional parecen confirmarlo. En cuatro años, desde el 2020 al 2024, solo se abrieron 1,422 expedientes en la Unidad de Ciberdelitos relacionados a la violencia basada en género. El 85% de las denuncias, se hicieron en el último año de ese periodo, entre 2023 y 2024.

Una fuente de esa entidad asegura que muy pocos de esos expedientes, llegaron a convertirse en una carpeta para la Fiscalía y se abrió paso a sala de juzgados como acusación formal. “Hablamos de menos del 15%, muchos casos quedan en las denuncias y se diluyen con el tiempo”, explica. “La víctima es la primera en abandonar”, añade la voz.  

El imperio de las redes y más que robos de datos 

Los bajos números de denuncias en Honduras hacen pensar a las organizaciones de defensa digital que hay un gigantesco subregistro. En un país donde el imperio de las redes se impone, no parece razonable que en cuatro años las denuncias de violencia digital hayan llegado a menos de 2 mil casos y que ellas hayan detectado más de 6 mil videos de mujeres de ese país en “el mercado negro digital”.

El siguiente panorama sustenta la sospecha. En Honduras, a finales del año pasado 7.19 millones de sus habitantes usaban internet, según DataReportal, además 4.62 millones de hondureños tienen presencia activa en redes sociales, la mitad de su población. 4.45 millones están en Meta (Facebook), 4.62 millones en You Tube, 4.36 millones en TikTok y 2 millones en Instagram.

Cuando en 2021 Alas vivió su “tragedia digital” y se armó de valor de denunciarla, muchas rompieron un silencio que ya era asfixiante.  “Al finalizar ese año logré recopilar 539 casos parecidos a los míos”, confirmó la activista. Se trataba de mujeres de entre 17 y 30 años a quienes les divulgaron videos y fotos íntimas sin su consentimiento. “Muchas solo lo supieron tiempo después”, relató. 

A unas les habían usurpado accesos a sus datos cuando llenaron algún formulario de trabajo engañoso, otras cuando les robaron sus dispositivos móviles en la calle y abundaban aquellas que habían convenido alguna grabación y fotos en una relación privada que terminó mal.  “No denunciaron por miedo a más agresión, a ser revictimizadas o a la poca confianza en lograr justicia. Algo era innegable, el daño estaba hecho y las vidas rotas eran cienes”, dijo Alas. 

Marcela Hernández, una de las fundadoras del Movimiento “Ley Olimpia” de México dice a Despacho 505 que muchas veces “el desánimo” de la víctima tiene que ver con que no hay una proporción aceptable entre el castigo y el daño cometido, pero más aún es cómo llegan las autoridades a manejarlo. “Si no hay una ley severa, no hay penas justas en el marco jurídico de un país, no hay justicia y si a eso hay que sumarle poco conocimiento en este tipo de delitos, eso, todo eso, solo afecta a las víctimas”, acusa. 

“Debemos estar claro que este tipo de daño no tiene reparación fácil”, añade. “Las imágenes difundidas hace diez años pueden volver a aparecer ahora y su efecto destructivo, es igual o peor que cuando salieron por primera vez. El daño es permanente”, asegura la defensora digital, quien admite que muchos países en nuestra región apenas están despertando e intentan entender este tipo de violencia. “No es fácil, es un tema nuevo y complejo”, advierte.

La lucha contra lo que “no se queda en pantalla”

En la agenda en la que Alas anota sus fechas importantes, tiene registrada una que para ella y para el resto de defensoras digitales de la región podría marcar un antes y un después en esta lucha contra este tipo de violencia. El 26 de febrero reciente, la congresista Linda Donaire Portillo, presentó ante el Congreso Nacional una reforma  al Código Penal que sí tipificaría la difusión no consentida de contenido íntimo como un delito específico.

En la misma línea de los movimientos feministas que luchan contra la violencia digital, la congresista argumenta que la rápida expansión de la tecnología y el uso de plataformas virtuales han generado conductas que dejan vulnerable a la población. “Necesitamos con urgencia establecer un marco legal robusto que permita prevenir, sancionar y reparar los efectos de este tipo de violencia, la violencia digital”, explicó la legisladora. 

Alas dice estar convencida que la propuesta llega en un momento clave para la lucha del movimiento al que pertenece. “Es una luz en medio de un oscurantismo que ha destruido vidas y devastado decenas por completo”, asegura. “La propuesta por fin establece claramente que la difusión de fotografías, videos o grabaciones de carácter sexual sin consentimiento, vulnera derechos fundamentales de la persona y afecta en todos los sentidos de la vida, lo emocional, su entorno social y hasta su economía”, explica la activista.  

La propuesta de reforma se ha inspirado en la “Ley Olimpia” de México porque se centra en establecer mecanismos efectivos para proteger a las víctimas y castigar con severidad al o a los victimarios. Bastante distante del marco jurídico actual, la propuesta de reforma si recomienda prisión de entre tres, siete y hasta 10 años en dependencia de la gravedad contra los responsables de la difusión. 

También establece multas económicas que pueden llegar a los cien salarios mínimos e inhabilitar a los responsables de ejercer alguna actividad profesional relacionada con las TIC en periodos mínimos de cinco años y máximos de 10, en dependencia del daño causado.

Hernández dice que la lucha contra este tipo de violencia ha mostrado que casi nadie estaba preparado para enfrentarla. “Pasamos -explica- de una violencia de cuatro paredes con techo, a una violencia virtual, a una violencia en pantalla donde no vemos al agresor. Ahora, nada queda en esa pantalla, circula a mil por segundos.  Estamos más que claros que las cosas cambiaron repentinamente y de forma inesperada”, advierte. 

Entender “el silencio de los inocentes”

Las activistas de organizaciones feministas habían logrado recientemente hacerle entender al mundo que las víctimas de violencia machista nunca fueron cómplices del calvario que en muchos casos terminó con la pérdida de sus propias vidas. A menudo se les culpó de mantenerse pasivas en un círculo de violencia, “capear golpes” y callar. Y cuando apenas eran entendidas por pocos que eran mujeres atrapadas, surgió el desafío de un nuevo tipo de víctima, victimario, delitos y circunstancias. 

Hernández admite que nuevamente, la primera reacción de la gente es culpar a quienes son expuestas en esas imágenes. Condenarlas por aceptar ser grabadas por alguien que se suponía “conocido e incapaz de agredirlas” de esa forma. “Es un estigma cruel”, asegura. “Es como culpar a alguien que en la calle es víctima de un robo, solo porque estaba en la calle. La sociedad lo cuestiona ¿Qué hacía él en la calle? ¿Por qué tenía su celular a mano? ¿Quién culpa al ladrón o a la inseguridad ciudadana? Pero ahí ha ocurrido un delito y nadie puede negarlo. ¿Es la víctima cómplice del delito?, pregunta.          

Mire -agrega- solo por estar la víctima ahí en la calle con su celular en la mano, no le da ningún derecho a otra persona a robarle, no le está dando permiso, no le está dando su consentimiento a ser robado, argumenta la activista. “Las víctimas de violencia digital nunca dieron su consentimiento a ser agredidas y ahí está la transgresión, es eso lo que debe perseguirse”, añade. 

La propuesta que impulsa la congresista Donaire Portillo, intenta ver a la víctima en toda su dimensión. Enfatiza la obligación del transgresor de eliminar de manera expedita el contenido difundido en cualquier plataforma en un intento por restituir la privacidad de la víctima, le garantiza confidencialidad en su caso legal y además le reconoce el derecho a recibir una compensación económica por los daños psicológicos, morales y sociales ocasionados.

“Las víctimas de este tipo de violencia lo pierden todo”, anota Alas. “Pierde a la familia, el trabajo, amigos. Uno cae en depresión y es ahí dónde puede terminar más que mal. La respuesta debe ser integral y se necesita un acompañamiento para reparar algo que está muy roto, porque así uno se siente”, explica la activista que espera que el Congreso de su país no tarde en terminar el proceso de análisis y lo encamine a su aprobación. “Ya no hay más tiempo que perder”, demandó.