Estados Unidos abre nueva investigación comercial contra Nicaragua: exportaciones bajo riesgo de más aranceles
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció el inicio de una investigación contra Nicaragua y otros 59 países bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El proceso apunta a 60 economías por presuntamente no aplicar de manera efectiva prohibiciones contra la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
Por Centroamérica están incluidos en la lista todos los países a excepción de Belice y Panamá, pero las sanciones tendrían un efecto más profundo sobre Nicaragua que ya se enfrenta a aranceles progresivos por violaciones sistemáticas de derechos laborales, libertades sindicales y el desmantelamiento del Estado de Derecho.
La nueva investigación busca determinar si las políticas y prácticas de estos países son "irrazonables o discriminatorias" y si representan una carga o restricción para el comercio estadounidense. Al permitir la entrada de productos fabricados bajo condiciones de explotación, estas economías estarían otorgando una ventaja competitiva desleal a sus productores frente a las empresas estadounidenses que cumplen con estándares laborales estrictos.
"A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni aplicar de manera efectiva medidas que prohíban la entrada en sus mercados de productos fabricados mediante trabajo forzoso", declaró el embajador Jamieson Greer, titular del USTR.
Durante demasiado tiempo, agregó el funcionario, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial en los costes derivada del flagelo del trabajo forzoso.
Según la Administración Trump, estas investigaciones determinarán si los gobiernos extranjeros han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso y cómo el hecho de no haber erradicado estas prácticas "abominables" afecta a los trabajadores y las empresas estadounidenses.
El proceso y las fechas clave
En este caso, la acusación es que estos 60 países no están prohibiendo ni vigilando que entren productos fabricados con trabajo esclavo o forzado a sus propios mercados.
Estados Unidos ya pidió hablar con los gobiernos de estos 60 países para que den explicaciones. El 15 de abril es la fecha límite para que personas y empresas interesadas envíen comentarios por escrito y resúmenes de testimonios.
El 28 de abril se prevé el inicio de las audiencias públicas en Washington para analizar los hallazgos preliminares.
El precedente de Nicaragua
En diciembre pasado, la USTR concluyó una investigación bajo la misma Sección 301 que determinó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incurre en violaciones sistemáticas de derechos laborales, libertades sindicales y el desmantelamiento del Estado de Derecho.
La Administración Trump ya activó un esquema de aranceles progresivos para todos los productos nicaragüenses que no gozan de los beneficios del CAFTA-DR. Para este año se fijó una tasa del 0%, en 2027 se incrementa al 10% y en 2028 será del 15%.
Estos aranceles se suman al arancel del 10% global que Estados Unidos ya aplica. Para los países en la lista —que incluye a potencias como China, la Unión Europea, México y Canadá— el resultado de esta investigación podría derivar en la imposición de nuevos aranceles, cuotas de importación o la suspensión de beneficios comerciales.
