Incendiaron y saquearon negocios sandinistas en 2018 para culpar a la oposición: los daños se pagaron con fondos públicos
En 2018, grupos armados pagados con fondos del Estado para reprimir las protestas cuidadanas que exigían la salida del porder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibieron la orden de atacar negocios y propiedades de militantes sandinistas para culpas a los manifestantes.
Las operaciones de "falsa bandera" fueron documentadas por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas en su más reciente actualización sobre la situación de Nicaragua.
Los expertos informan haber obtenido "información creíble de que grupos armados progubernamentales realizaron actos vandálicos de falsa bandera contra propiedades y negocios privados de militantes del FSLN, como apedreamientos, saqueos e incendios provocados".
De acuerdo con el informe, estas acciones tenían "el aparente propósito de generar miedo y reforzar la lealtad" al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El Grupo de Expertos también documentó que algunas alcaldías financiaron posteriormente indemnizaciones y la rehabilitación de propiedades dañadas, lo que permitió presentar a los afectados como víctimas de la violencia opositora. "Al menos en Managua, la municipalidad financió el pago de indemnizaciones y la rehabilitación de propiedades por los daños causados por dichas acciones", señala el informe.
Durante la crisis política que estalló en Nicaragua en 2018, algunos de los ataques violentos reportados como evidencia del supuesto caos provocado por la oposición habrían sido ejecutados por grupos afines al propio régimen. La orden de los saqueo salió directamente desde El Carmen y para ello ordenaron iniciar los saqueos en carretera Sur.
Explican que estas acciones formaron parte de operaciones destinadas a reforzar la narrativa oficial de que las protestas estaban acompañadas de violencia.
Operaciones financiadas con recursos públicos
El documento también vincula estas acciones con el uso de recursos públicos desviados desde instituciones estatales y municipales para financiar operaciones vinculadas a la represión.
Según el Grupo de Expertos, “autoridades de varios municipios utilizaron fondos de sus presupuestos anuales (…) para cubrir el pago de viáticos, alimentación, transporte, combustible y otros gastos de grupos armados progubernamentales”.
Los expertos estiman que los costos logísticos para los dos primeros meses de operaciones represivas se calcularon en unos cinco millones de dólares, destinados a financiar las operaciones de estos grupos.
El informe también señala que “una empresa de catering, propiedad de un familiar de la señora Murillo, fue identificada como el principal proveedor de comidas” para los grupos armados progubernamentales involucrados en estas operaciones.
Para el Grupo de Expertos, estos episodios no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia más amplia en la que la represión estatal se combinó con mecanismos de propaganda y control político.
