De Alba Luz Ramos a jueces, secretarios y asistentes de juzgados: la ONU confirma la monumental purga para someter el sistema judicial
La mañana del 24 de octubre de 2023, la magistrada Alba Luz Ramos fue retirada de su despacho en la Corte Suprema de Justicia, en Managua, bajo escolta policial. Aquel martes fue la última vez que se le vio recorrer los pasillos del máximo tribunal a quien durante años fue considerada una de las figuras más influyentes del esquema de poder judicial. La escena fue "muy tensa y humillante", relató entonces a DESPACHO 505 un funcionario de la institución. Ramos avanzaba cabizbaja, apremiada por agentes que le ordenaban caminar más rápido. "La trataron prácticamente como si fuera una delincuente", resumió.
La caída de la magistrada Ramos marcó el inicio de una purga masiva de funcionarios a todos los niveles que consolidó el control político del régimen sobre los tribunales, según documenta el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
De acuerdo con los expertos más de1.500 funcionarios del sistema judicial nicaragüense han sido despedidos o destituidos del Sistema Judicial desde octubre de 2023, incluidos jueces, asistentes legales, defensores públicos y todos los magistrados con cargos vencidos que el régimen mantenía en sus cargos, excepto Alba Luz Ramos quien legalmente conserva el cargo.
Magistrados "renunciados" en cascada
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron obligados a dejar sus cargos mediante 2renuncias" que, en la mayoría de los casos, fueron justificadas públicamente por supuestos problemas de salud.
El caso más reciente fue el magistrado Gerardo Arce Castaño, hermano del histórico comandante de la revolución y exasesor presidencial Bayardo Arce, actualmente preso y condenado por lavado de dinero.
La democión de Arce Castaño se suman a la del magistrado Marvin Aguilar García, reportada a inicios de diciembre de 2025, y a las de Virgilio Gurdián, Manuel Martínez y Armengol Cuadra, Yadira Centeno González, Ellen Joy Lewin y Armando Juárez.
Esta reconfiguración CSJ fue ejecutada luego de que Daniel Ortega y Rosario Murillo redujeran de 16 a 10 el número de magistrados de la Corte.
Para los expertos, estas destituciones no pueden entenderse como cambios administrativos aislados, sino como parte de un proceso más amplio de concentración de poder.
"La impunidad se ve reforzada por la ausencia de independencia judicial", advierte el informe. "Más allá de la subordinación constitucional formal del poder judicial a la presidencia, los Copresidentes han establecido un férreo control sobre el sistema judicial".
Transformación profunda del aparato judicial
El informe señala que la purga alcanzó todos los niveles del sistema judicial. La destitución de más de 1.500 funcionarios incluyó jueces, asistentes legales, defensores públicos y otro personal judicial, en una reconfiguración que ha alterado significativamente la estructura del poder judicial nicaragüense.
Este proceso se produjo en un contexto de creciente control político sobre las instituciones del Estado.
El Grupo de Expertos, hace particular énfasis en la falta de independencia judicial ha impedido que los tribunales actúen como un contrapeso frente a abusos de poder o violaciones de derechos humanos.
"Varios miembros clave del poder judicial han desempeñado un papel central en la instrumentalización de la justicia para la represión política", dice al referirse a la fábrica de acusaciones y condenas contra opositores al régimen Ortega-Murillo.
"En consecuencia, a las víctimas y sus familias se les ha negado efectivamente cualquier recurso legal. Los esfuerzos para exigir la rendición de cuentas", señala el informe.
Tribunales que bloquean recursos legales
El documento también documenta que los tribunales han rechazado o ignorado recursos judiciales presentados por familiares de personas detenidas o desaparecidas.
"Los tribunales no han admitido recursos de hábeas corpus, dejando a las familias sin un recurso efectivo", advierten los expertos.
En la práctica, esto ha impedido que los familiares puedan conocer el paradero de personas detenidas arbitrariamente o exigir la revisión judicial de las detenciones.
El informe sostiene que esta situación se produce en un contexto en el que el Estado ha recurrido a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procesos judiciales sin garantías, prácticas que han quedado sin control institucional.
El Grupo de Expertos concluye que la reconfiguración del sistema judicial forma parte de un proceso más amplio de consolidación del poder político en Nicaragua.
Según el informe, el régimen ha construido "un aparato de poder organizado que integra al Estado y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)", lo que ha permitido formalizar la represión mediante reformas legales y el control de las instituciones.
En ese contexto, la debilidad de la independencia judicial ha contribuido a garantizar la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos documentadas desde 2018.
"Las violaciones y los crímenes expuestos por el Grupo (…) han quedado totalmente impunes", señala el informe.
La purga judicial documentada por los expertos de Naciones Unidas refleja una transformación profunda del sistema de justicia nicaragüense, donde los tribunales han perdido su capacidad de actuar como un contrapeso institucional frente al poder político.
