#8M | Las cifras de la violencia machista que el régimen oculta
Ocho de cada diez femicidios ocurridos en Nicaragua en 2025 quedaron fuera de los registros oficiales, una omisión que profundiza un patrón sostenido de invisibilización de la violencia machista y distorsiona la dimensión real de los asesinatos de mujeres en el país.
Este subregistro, documentado a partir de la verificación caso por caso realizada por el equipo de ContraData —el verificador de violencia machista de La Lupa Feminista y Despacho 505—, se inscribe en un contexto de opacidad institucional, la tipificación restrictiva del delito y la escasa investigación policial, lo cual termina reforzando la narrativa oficialista de seguridad y equidad mientras limita el reconocimiento y la rendición de cuentas frente a los asesinatos de mujeres.
ContraData documentó 54 muertes violentas de mujeres en 2025. De ese total, las autoridades policiales y judiciales solo han reconocido 11 (20%) como femicidios, con base en la reforma aplicada en 2012 a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), que limita el reconocimiento del delito a aquellos casos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, dejando fuera otras formas de violencia feminicida.
“Que muchos agresores huyan o se suiciden, y que en otros casos no exista información oficial o que los autores de estos crímenes no estén en prisión es una muestra clara de que la impunidad sigue siendo la norma en el país (…) las mujeres siguen indefensas”, denuncia una feminista organizada que pide omitir su identidad para evitar represalias de la dictadura.
Los casos documentados corresponden a mujeres víctimas de la violencia de género que quedan deliberadamente al margen de las estadísticas oficiales. Esta exclusión oculta la dimensión real de la violencia contra las mujeres en Nicaragua y evidencia un Estado que no nombra el delito ni lo investiga con rigor.
En total, las autoridades del régimen tipificaron el 80 % de los crímenes contra mujeres ocurridos durante 2025 bajo otras figuras penales o los dejó fuera de cualquier registro judicial. Según la verificación de ContraData, las estadísticas oficiales clasificaron 13 hechos como asesinato agravado y uno como asesinato, mientras que seis quedaron sin tipificación tras el suicidio del agresor.
A ello se suman 23 casos sin clasificación oficial, en los que la Policía orteguista y el Instituto de Medicina Legal (IML) no emitieron comunicados ni existe expediente en el Sistema de Causas Nicarao del Órgano Judicial, lo que afianza la opacidad institucional y limita el acceso a justicia para las víctimas.
Durante 2025, el equipo de ContraData realizó un seguimiento sistemático de cada muerte violenta de mujeres ocurrida en el país. Para ello, cruzó comunicados y reportes de la Policía orteguista, registros del Sistema Judicial, publicaciones de medios oficialistas y de propaganda, así como denuncias de familiares.
Este monitoreo se realizó bajo criterios estrictos de verificación periodística, con el objetivo de documentar el subregistro de la violencia contra las mujeres; construir un monitoreo independiente que permita aportar evidencias de la magnitud de la violencia de género en Nicaragua; y exponer el ocultamiento, negacionismo y complicidad del Estado frente a esta problemática.
La clasificación de los casos según el actuar de las autoridades
A partir de este registro, ContraData clasificó los casos en tres categorías: verificado, sospechoso no investigado y sin verificar. La categorización depende del nivel de información disponible y de la existencia de fuentes oficiales que respalden los hechos.
Los casos “verificados” cuentan al menos con una fuente oficial que reconoce la muerte, aunque la Policía orteguista no los tipifique como femicidios. En este grupo se incluyen los femicidios reconocidos oficialmente, las muertes violentas clasificadas como asesinato y aquellos hechos en los que el agresor se suicidó. En el registro incluyó a 33 víctimas en esta categoría.
Una de ellas es María Migdonia Téllez Peña, de 54 años, a quien Pedro Pablo Obando Silva ató a un caballo en septiembre de 2025, en El Rama, tras acusarla de brujería después de que ella le reclamara el pago de una deuda. Pese a la saña del hecho y a los señalamientos de brujería que históricamente han perseguido a las mujeres, las autoridades clasificaron el crimen como asesinato, sin reconocer que la muerte forma parte de un patrón de violencia basada en género.
Negligencia policial detrás de los “sospechosos no investigados”
ContraData calificó como “sospechosos no investigados” aquellos crímenes que presentan indicios de violencia de género, pero que las instituciones no incorporaron en sus registros, carecen de información oficial o sobre los que existen versiones contradictorias por parte de las mismas instituciones.
En total, ocho muertes machistas fueron clasificados bajo esta categoría. En cinco de ellas, el cuerpo de la víctima fue hallado en espacios públicos. La información oficial sobre las circunstancias de la muerte es limitada o contradictoria, aun cuando se mencionan señales visibles de violencia en los cuerpos: quemaduras, asfixia o golpes.
En ninguno de estos hechos hay autor identificado, detenido o procesado, aunque se han señalado supuestos responsables entre familiares y hombres desconocidos.
El crimen contra Diana Elieth Rivas Fley, de 21 años, es ilustrativo. Su muerte, ocurrida en enero de 2025, fue registrada inicialmente por la Policía orteguista como suicidio, descartando un crimen machista. Ante esa versión, la familia solicitó un dictamen independiente al IML, el cual determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento manual.
Tras quedar en evidencia la incoherencia de la versión policial, el IML emitió un nuevo dictamen —al que tuvo acceso el equipo de verificación— estableciendo como causa de muerte un infarto agudo de miocardio a consecuencia de meningitis, es decir, una muerte natural. Aunque se señaló a un “posible autor”, el caso fue cerrado después del segundo dictamen y el sospechoso nunca enfrentó investigación. La familia ha sostenido sus sospechas de mano criminal.
El hecho ocurrió en la comunidad La Estrella, sobre la carretera a El Cuá, en Jinotega, dentro de la vivienda que Diana compartía con su pareja, Abel Martín Meza Torrez.
Situación similar ocurrió con Erminia Marina Omier Brown, de 61 años, cuyo cuerpo fue encontrado en octubre en un humedal en Bluefields, Caribe Sur. Presentaba heridas de arma blanca y señales de violencia. Tenía cinco días de haber sido reportada como desaparecida. Aunque radios locales informaron sobre la detención de dos vigilantes y un ciudadano de origen canadiense, nunca se conoció una versión concluyente del hecho. En el Sistema Nicarao tampoco existe registro de una causa procesada.
La indiferencia del sistema en los casos “sin verificar”
El 16 de agosto, una mujer de identidad desconocida fue encontrada sin vida en una acera en la terminal de Transnica, en Managua. Hasta la fecha, no existe versión oficial sobre las circunstancias de su muerte ni información sobre la apertura de una investigación.
ContraData identificó 13 crímenes como “sin verificar”, debido a la falta de información suficiente para determinar las circunstancias del hecho o confirmar si se trató de un femicidio, una muerte natural o accidental.
En estos casos se evidencia un profundo desinterés institucional frente a mujeres que aparecen muertas en sus viviendas o en espacios públicos. Las entidades responsables de investigar no informan sobre diligencias realizadas ni sobre la identidad de las víctimas.
Ante esta ausencia de información oficial, el relato público termina construyéndose, en el mejor de los casos, con conjeturas de periodistas oficialistas o testimonios de vecinos y transeúntes ocasionales. En la mayoría de situaciones, el silencio predomina.
Matilde Pastora Loredo, de 70 años, es otra víctima fuera de los registros oficiales de violencia de género. Fue encontrada sin vida en su vivienda en la Colonia Unidad de Propósito, en Managua, sin que la Policía orteguista emitiera información que esclareciera el hecho.
La impunidad sigue siendo la norma
De los 54 casos documentados en 2025, solo 25 agresores están detenidos: 21 han sido condenados, tres están en proceso y uno fue identificado, pero no capturado. En 23 casos no existe registro en el sistema judicial Nicarao. En seis casos, el agresor se suicidó tras cometer el crimen y el hecho no fue tipificado como femicidio.
El asesinato de Eveling Hernández Zapata, de 46 años, el 14 de abril en la comunidad de Moss, Waspam, es un ejemplo de esa inacción. Luis Espinoza Luna, de 59 años, señalado como autor, huyó tras el crimen. Un mes después, un juez especializado en violencia de género emitió una orden de captura que, hasta ahora, no ha sido ejecutada.
“La violencia machista está acabando con la vida de las mujeres y no podemos justificarla de ninguna manera”, afirma la feminista consultada. En Nicaragua, sostiene, “la impunidad no solo persiste en los casos de femicidio, sino que se agrava por el escaso accionar policial y por políticas gubernamentales que no priorizan la atención de la violencia contra las mujeres”.
La liberación anticipada de agresores también antecede a nuevos crímenes. Moisés Adán Cruz Cruz, alias “El Moly”, fue liberado antes de cumplir su condena por abuso sexual. Posteriormente fue señalado en la muerte violenta de una adolescente en Carazo. De igual forma, Bayardo José Morales Osorio, beneficiado con suspensión condicional de la persecución penal, asesinó meses después a Julissa Asunción Montoya Chavarría y a la hija de ambos, en Managua.
En 18 de los casos, las víctimas fueron asesinadas mediante golpes o armas blancas. En cuatro hubo violencia sexual colectiva y en tres también se reportó robo de pertenencias.
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ContraData nombra femicidio a toda muerte violenta de una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder. Es la forma más extrema de la violencia machista. Bajo este criterio, los 54 casos registrados en 2025 no son cifras aisladas ni expedientes inconclusos: son mujeres asesinadas en un contexto donde el Estado reduce, reclasifica o silencia la violencia que las mata.
El análisis indica que “el subregistro” no es un error técnico sino una forma deliberada de borrar la magnitud del problema. Y mientras los casos se archivan como “asesinatos”, “muertes naturales” o quedan sin expediente, la impunidad continúa operando como un mensaje claro: en Nicaragua la vida de las mujeres sigue sin ser prioridad.