El régimen se compromete a combatir la minería ilegal, pero se lava las manos: “El problema se origina en Costa Rica”
El régimen de Daniel Ortega se comprometió este sábado a reforzar los controles y la coordinación con Costa Rica para enfrentar la minería ilegal en Crucitas, uno de los principales focos de extracción clandestina de oro en la franja fronteriza. Sin embargo, en el mismo comunicado oficial trasladó el origen del problema al lado costarricense.
El anuncio se produjo tras una reunión bilateral realizada en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde participaron representantes de la Cancillería, el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Nicaragua, junto a autoridades costarricenses encabezadas por el canciller Arnoldo André Tinoco y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.
Según la nota oficial divulgada por el régimen, la delegación costarricense expresó su preocupación por la extracción ilegal de sedimento minero en Crucitas, ubicado en territorio costarricense y convertido en corredor de minería clandestina que, de acuerdo con denuncias públicas, es aprovechado por estructuras criminales que operan en la zona fronteriza.
El comunicado también señala que Costa Rica reiteró que no cuestiona la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan y que la delegación nicaragüense sostuvo que la problemática “se origina en territorio costarricense”, aunque admitió que afecta a ambos países.
Según el comunicado, ambos países acordaron fortalecer los mecanismos de coordinación y establecer una comunicación periódica entre autoridades de seguridad. El compromiso ocurre en un contexto de crecientes denuncias sobre el avance de redes vinculadas a la minería ilegal en la franja fronteriza, donde grupos cruzan por pasos informales y utilizan el río San Juan como ruta de traslado del mineral.
