46 presos políticos, desapariciones exprés y persecución a la Iglesia: el régimen no cesa la represión
Entre los meses de noviembre de 2025 y enero de 2026, la Policía orteguista detuvo arbitrariamente a al menos 100 personas motivadas por fines políticos, señaló el Monitoreo Azul y Blanco (MAB) a través de un informe difundido en sus redes sociales.
Solo en mes de enero, el organismo logró documentar 66 violaciones a los derechos humanos siendo los departamentos de Managua, Matagalpa y Chontales los más afectados por la represión sistemática.
Por su aprte, el Mecanismo de Reconicimiento para Personas Presas Políticas señaló que hasta febrero existen 46 reos de conciencia de los cuales 43 son hombres y 3 son mujeres. Este organismo avalado por instituciones internacionales detalló que, de este total, el régimen excarceló a 59 personas en días o semanas posteriores a los hechos.
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La mayor parte de las detenciones masivas ocurrió en el departamento de Managua posterior a la madrugada del tres de enero, cuando algunos ciudadanos se expresaron públicamente o a través de sus redes sociales sobre la detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por quienes fueron extraídos y trasladados a Estados Unidos por parte del parte del Ejército norteamericano.
“Es importante subrayar que estos casos son adicionales y distintos a las personas ya reconocidas como presas políticas por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, lo que evidencia una expansión del patrón represivo y un uso sistemático dela detención como mecanismo de control y castigo contra la población”, detalló el Monitoreo Azul y Blanco en su informe.
El operativo militar de parte de fueras militares de Estados Unidos en Venezuela “desencadenaron una ola de detenciones arbitrarias en numerosos departamentos de Nicaragua”, donde la Policía del régimen ejecutó los arrestos “sin orden judicial”, indica el documento.
Represión migratoria en Nicaragua
Como parte de las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Monitoreo Azul y Blanco denunció que la represión migratoria contra los nicaragüenses continúa. Durante el mes de enero, al menos cuatro ciudadanos fueron impedidos de ingresar al país tras regresar del exterior.
“Al momento de su retorno, las aerolíneas les informaron que las autoridades migratorias no habían autorizado su ingreso, sin que mediara resolución administrativa, notificación formal ni posibilidad de impugnar la decisión. Esta práctica constituye una violación directa al derecho de toda persona a regresar a su propio país, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, así como una forma de destierro de facto aplicada de manera arbitraria”, añade el informe.
También se reporta el autoexilio de cuatro ciudadanas, quienes se vieron forzadas a salir del país debido a las amenazas personales, vigilancia, persecución y riesgos de detención arbitrarias.
El hostigamiento y represión contra la Iglesia Católica persiste y como parte de los ataques, el Monitoreo reporta salidas forzosas o destierros de facto registrados. En este contexto, se reporta la salida del país de las Hermanas Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, “quienes se vieron obligadas a abandonar Nicaragua tras presiones sistemáticas y hostigamiento estatal”, señala el documento.
El organismo cívico destaca que “este hecho se inscribe en un patrón de persecución por motivos religiosos y comunitarios, que restringe la libertad de religión, asociación y trabajo social” contra los nicaragüenses.
Herramientas para infundir miedo
Según el organismo, estas prácticas evidencian la utilización de la política migratoria como herramienta de control y castigo, orientada a restringir la movilidad, sancionar la disidencia y profundizar el clima de miedo.
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“Se trata de graves violaciones a derechos fundamentales, entre ellos la libertad de circulación, el derecho a la nacionalidad, el derecho al retorno y las garantías del debido proceso, además de generar condiciones de desarraigo y fragmentación familiar para las personas afectadas”, se lee.
