Con 342,000 solicitantes de asilo, Nicaragua se consolida como uno de los mayores generadores de refugiados en América Latina

El exilio nicaragüense ha alcanzado dimensiones sin precedentes. Aunque organizaciones de derechos humanos y expertos estiman que el éxodo total supera ya las 800,000 personas desde 2018, el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW) pone el foco en una cifra alarmante: más de 342,000 nicaragüenses se han visto forzados a solicitar asilo formal en el extranjero hasta mediados de 2025.

Esta cifra, que representa solo a quienes han buscado protección internacional legal, sitúa a Nicaragua como uno de los principales generadores de refugiados en América Latina. La organización señala que esta diáspora es el resultado directo de la represión sostenida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha convertido la persecución en un arma para desmantelar cualquier rastro de democracia.

No son migrantes económicos, son perseguidos

Más allá de las cifras oficiales El informe destaca que, si bien países como Costa Rica, Estados Unidos, México y España son los principales receptores, una gran parte de la migración nicaragüense permanece en las sombras sin solicitar asilo, lo que explica la brecha entre los registros oficiales y la realidad del éxodo masivo. A los solicitantes se suman 31,000 personas ya reconocidas formalmente como refugiadas.

“No se trata de migración económica, sino de una huida para preservar la libertad y, en muchos casos, la vida”, subraya HRW, reafirmando el carácter forzado y permanente del fenómeno.

El impacto de la era Trump y la incertidumbre legal La crisis se ha agravado por la hostilidad legal en los países de acogida. En julio de 2025, el gobierno de Donald Trump terminó con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, dejando en el limbo a miles de nicaragüenses.

Pese a los recursos judiciales, las deportaciones han escalado. Durante la primera mitad de 2025, más de 2,100 nicaragüenses fueron devueltos desde EE. UU. a Managua. HRW advierte que muchos de ellos regresan a un país donde enfrentan vigilancia estatal, hostigamiento y represalias inmediatas.

El informe concluye que el exilio nicaragüense ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una crisis estructural. Mientras persista el cierre político y la ausencia de garantías, el país seguirá vaciándose bajo el peso de la represión.