Human Rights Watch denuncia la consolidación de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado en Nicaragua un sistema de control autoritario que anula cualquier forma de disidencia, según denuncia Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2026.
El organismo internacional describe un país sometido a una represión "profunda y estructural", donde el régimen sandinista gobierna sin contrapesos, recurriendo al aparato estatal para silenciar a la oposición nicaragüense, la prensa independiente y la sociedad civil.
El informe señala que durante el último año el régimen intensificó la persecución contra activistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, muchos de los cuales se han visto obligados a abandonar el país para evitar la cárcel. Nicaragua se ha convertido en uno de los principales focos de exilio político en América Latina, advierte HRW.
Human Rights Watch documenta además el uso sistemático de detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías y la privación de la nacionalidad como castigo político. Estas prácticas, afirma la organización, buscan "eliminar cualquier posibilidad de oposición organizada" y consolidar el poder absoluto de Ortega y Murillo.
En relación a la represión transnacional, HRW documenta siete crímenes ordenado por la dictadura Ortega Murillo contra disidentes en el extranjeros, entre ellos asesinatos del mayor en retiro Roberto Samcam.
"Al menos siete críticos nicaragüenses en el exilio han sido asesinados o atacados desde 2018, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos", documenta HRW.
El informe denuncia la persecución sistemática contra las comunidades indígenas y a sus líderes, entre ellos, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez condenados a ocho años de cárcel por traición a la patria.
También retoma la sentencia del "Comité de Derechos Humanos de la ONU (que) determinó que Nicaragua violó los derechos de dos niñas de 12 y 13 años sobrevivientes de violación al obligarlas a continuar con el embarazo y la maternidad, lo cual las sometió a situaciones que constituyen tortura y vulnera sus derechos a la vida y la dignidad", al negarles el derecho al aborto.
Manipulación de leyes para reprimir
Según HRW, el régimen sandinista ha utilizado leyes ambiguas y reformas legales a medida para justificar la cancelación de miles de personerías jurídicas, dejando a amplios sectores de la sociedad sin espacios de participación ni protección institucional.
Entre los oenegés que han sido clausurados están organismos de la sociedad civil, religiosas, de derechos humanos, de participación local, universidades y medios de comunicación independientes.
"Las autoridades han desmantelado sistemáticamente a la sociedad civil, cancelando la personería jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales desde 2018. Hasta noviembre, más de 5.500 organizaciones han sido cerradas por el gobierno, entre ellas grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias y universidades. Esa cifra representa aproximadamente el 80 % de las ONG que operaban oficialmente en Nicaragua", apunta el informe.
En el ámbito internacional, el informe subraya el creciente aislamiento de la dictadura nicaragüense, así como su rechazo frontal a los mecanismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano. Asimismo, asegura que el régimen continúa negando el acceso al país a observadores independientes y desestimando las denuncias como parte de una supuesta conspiración extranjera.
Human Rights Watch concluye que Nicaragua vive bajo una dictadura plenamente consolidada y urge a la comunidad internacional a mantener la presión diplomática y a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. “La normalización del autoritarismo no puede ser una opción”, advierte el informe, que reclama justicia para las víctimas y garantías para un eventual proceso de apertura democrática.
