La OEA reactiva la presión sobre Nicaragua por los presos políticos y las violaciones de derechos humanos
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá este miércoles 4 de febrero para analizar una nueva resolución sobre Nicaragua que endurece el tono contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y documenta lo que califica como una persistente y grave degradación de los derechos humanos y del orden democrático en el país centroamericano.
El proyecto de resolución, presentado por una decena de países – entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Costa Rica – condena las "graves violaciones y abusos" cometidos por la dictadura sandinista, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, y sostiene que muchas de estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas.
El texto expresa su "profunda preocupación" por la represión sistemática ejercida por la dictadura Ortega y Murillo, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, confiscación de bienes, privación de la nacionalidad, impedimentos para la reunificación familiar y la negativa a emitir documentos de identidad y pasaportes.
La resolución subraya además que estas acciones se han extendido más allá de las fronteras del país, mediante el presunto uso indebido de mecanismos de cooperación internacional, como las notificaciones rojas de Interpol y alertas migratorias falsas.
"Condenar las graves violaciones y abusos cometidos por las autoridades nicaragüenses en contra de los derechos de las personas, tanto dentro del país como en el extranjero, en particular aquellos actos que involucran: el exilio forzado, la expatriación; la tortura o tratos crueles, la desaparición forzada3/, la detención arbitraria, incautación injusta y confiscación de activos, incluyendo propiedades y cotizaciones previsionales, eliminación de registros oficiales asociados a la identidad, impedimento de reunificación familiar, prohibición de entrada al propio país, denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentos oficiales, vigilancia, amenazas, hostigamiento y atentados contra la vida e integridad de centenares de nicaragüenses", señala el primer punto de la resolución que será aprobada este miércoles.
La OEA también alerta sobre recientes reformas constitucionales que eliminan referencias explícitas a la prohibición de la tortura y al respeto de la dignidad humana como principios del Estado, medidas que considera abiertamente contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que de acuerdo al Consejo Permanente, sigue siendo plenamente vinculante para Nicaragua pese a su salida formal de la organización en 2023.
Liberación de presos políticos
Aunque el proyecto de resolución reconoce la liberación de algunos opositores, periodistas y miembros de la Iglesia católica bajo arresto domiciliario, insiste en que estas medidas son insuficientes y exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, así como de aquellas cuyo paradero se desconoce o que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o provisionales de la Corte Interamericana.
"Urgir al Estado de Nicaragua a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario, en particular, aquellas cuyo paradero se desconoce o que son beneficiarias de medidas cautelares o provisionales de la CIDH o de la Corte IDH, respectivamente", indica el punto de la propuesta de resolución.
La resolución exhorta a la dictadura sandinista a restablecer la separación de poderes, que fueron anulados con las reformas constitucionales; reabrir el espacio cívico y poner fin a las represalias contra la disidencia, al tiempo que reclama verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y el fin de la impunidad.
Al mismo tiempo, el Consejo Permanente reitera su llamado a Nicaragua para que retorne a la OEA y entable un diálogo "constructivo" con la comunidad internacional, pese a que reconoce que, a más de un año de su retirada del organismo, el la dictadura Ortega-Murillo no ha mostrado voluntad alguna de cooperación ni en el plano bilateral ni multilateral.
El texto también encomienda a la CIDH mantener un monitoreo estrecho de la situación a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y analizar el impacto regional del presunto uso abusivo de instrumentos jurídicos internacionales por parte del Estado nicaragüense, una práctica que, según expertos, ha puesto en riesgo a centenares de exiliados.
