Daniel Ortega, cumple 19 años en el poder: del pacto político al Estado policial

Poco más de un año antes de regresar al poder en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo se "reconciliaron" con el catolicismo. Como gesto público de fe, el 3 de septiembre de 2005 sellaron ante el altar la unión que mantenían desde hacía décadas, en una ceremonia bendecida por el ya fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo. El prelado era muy cercano al entonces magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, un liberal señalado por actos de corrupción que terminó convertido abiertamente al orteguismo y que fue cómplice de los fraudes electorales que permitieron al veterano líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perpetuarse en el poder.

Hasta 2007, Ortega acumulaba 16 años de intentos frustrados por retomar la Presidencia en Nicaragua. Lo consiguió en las elecciones generales de noviembre de 2006 gracias al pacto libero-sandinista por medio de una rebaja matemática en la cuota para ganar las votaciones, pactó que selló con Arnoldo Alemán y que le permitió repartirse el control del Poder Judicial y Electoral. En el 2011 logró el control absoluto de los dos Poderes y de esa forma quitar los bloqueos legales que impedian su continuidad.

Este 10 de enero, Daniel Ortega cumple 19 años consecutivos en la Presidencia de Nicaragua. A sus 80 años, es el dictador más longevo de Centroamérica y uno de los gobernantes que más tiempo lleva aferrado al poder en la región. Llegó al Gobierno en 2007 por la vía electoral, en un contexto democrático, pero terminó edificando junto a su esposa, Rosario Murillo, una dictadura familiar sin precedentes en el país, sostenida sobre pactos políticos, el sometiemiento de las instituciones y una represión sistemática que ha dejado muerte, exilio y persecución política.

La ruta que ha seguido Ortega no tiene parangón en la historia reciente de Nicaragua. Su permanencia en el poder supera incluso a la dinastía Somoza, que gobernó el país durante más de cuatro décadas. Anastasio Somoza García, fundador del régimen, fue presidente durante 16 años, en dos periodos: de 1937 a 1947 y de 1950 a 1956. 

Su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, ocupó la Presidencia durante seis años, entre 1956 y 1963. Y su hermano, Anastasio Somoza Debayle, gobernó durante nueve años, en dos etapas: de 1967 a 1972 y de 1974 hasta su derrocamiento en julio de 1979 por el movimiento revolucionario que llevó justamente a Ortega a tomar por primera vez el control del país.

Desde su regreso al poder Ortega comenzó a construir un modelo autoritario cuya piedra angular ha sido el control del Sistema Judicial apunta el exdiputado Eliseo Núñez. Esa captura de los tribunales -añade- se convirtió en la "llave maestra" que le permitió someter al resto de las instituciones del Estado y perpetuarse.

Tras "apoderarse del Poder Judicial -explica Núñez, el líder sandinista logró fabricar procesos penales contra adversarios políticos —hubiesen cometido delitos reales o no—, confiscar patrimonios y, al mismo tiempo, enriquecerse mediante sentencias favorables. El control de los tribunales no solo le garantizó impunidad, sino que le permitió usar la justicia como arma política.

Uno de los episodios fundacionales de esta estrategia fue la manipulación de los casos de corrupción contra el expresidente Arnoldo Alemán. Ortega logró mantener dividido al liberalismo manteniendo a Alemán bajo amenaza judicial permanente: "Si promovía la unidad, lo dejaba ", resume Núñez. Esa presión aseguró la fragmentación de la oposición y consolidó el primer gran bloque político del orteguismo.

El desmontaje del sistema electoral y el pacto

Entre 2008 y 2011, Núñez identifica una segunda fase clave en la ruta autoritaria de Ortega: la erosión sistemática de la credibilidad del sistema electoral. Durante ese período, los partidos se vieron ante un dilema perverso: competir en elecciones sin garantías o retirarse del juego político. El resultado fue un inevitable desgaste de los liderazgos opositores y la consolidacion aún más del control del FSLN sobre el poder.

Fue en ese período que la Corte Suprema de Justicia, ya alineada con Daniel Ortega, avaló la reelección presidencial inmediata al declarar inconstitucional el artículo de la Constitución que la prohibía. Esta decisión abrió la puerta a la postulación de Ortega en 2011 y sentó las bases para su permanencia indefinida en el poder, consolidando un mecanismo legal que le permitió perpetuarse en la Presidencia y socavar los principios de alternancia establecidos desde la Constitución de 1987.

Cuando la oposición quedó debilitada, Ortega dio el golpe final: sacando del juego al Partido Liberal Independiente (PLI) en 2016,  "cuando aún tenían algo de fuerza", afirma el exdiputado. El sistema electoral quedó así completamente subordinado al Ejecutivo.

Paralelamente, Ortega desplego una tercera movida para evitar el esquema de democracia representativa. En su lugar, tejió acuerdos informales con sectores empresariales, sindicales y sociales, con lo que se aseguro gobernar sin contrapesos institucionales. "Le permiten a él gobernar al margen del modelo democrático representativo y presentarse como el que da soluciones y no el que hace discusiones", explica Núñez. 

Ese modelo le otorgó una imagen de estabilidad, mientras concentraba poder hasta convertirse en el "factótum" del país, señala el exdiputado actualmente en exilio forzado.

Dora María Téllez, la exguerrillera sandinista a la que Ortega y Murillo encarcelaron y desterraron por disentir de su autoritarismo, resume así la fórmula que permitió la instauración de un régimen dinástico en Nicaragia: "manipulación de las instituciones, el fraude electoral y la represión". 

2018: la violencia como diseño

Las protestas de abril de 2018 pusieron en jaque todo el andamiaje construido hasta ese momento por Ortega, entonces ya muy dismuido en autoridad por Rosario Murillo, y la respuesta  fue una violencia planificada. "Primero trata de amedrentar a los manifestantes matando a los primeros 23 estudiantes o manifestantes. Luego va aumentando la cifra hasta 64 el 23 de abril", analiza Núñez. Para Núñez, cuando su estrategia no fue efectiva desplegó al asesinato masivo que tuvo su "cúspide" el 30 de mayo. 

"En esta etapa ya no se trataba simplemente de amedrentar al manifestante. La estrategia era polarizar de tal manera que el odio contra todo lo que representara el sandinismo lograra que incluso el sandinista ya desencantado por la forma en que Ortega venía actuando pasara a una posición de atrincheramiento, al percibir que quienes protestaban representaban un peligro para su futuro…Fue una operación para forzar la lealtad por temor", señala Núñez.

Téllez recuerda que la violencia ha acompañado cada etapa de la administración de Ortega, aunque con distinta intensidad. Subraya que, en el contexto actual, la represión se ha consolidado como el principal mecanismo para mantenerse en el poder.

El Estado policial

Tras sofocar las protestas, Ortega instauró un régimen de facto policial. Prohibió manifestaciones, persiguió a líderes opositores y avanzó gradualmente en la represión. Probó la reacción social con los primeros ataques a la Iglesia, empezando por el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez a quien amenazó de muerte y el Vaticano tuvo que ordenarle salir del país. Al no encontrar resistencia significativa, profundizó la ofensiva.

El punto de quiebre llegó entre mayo y agosto de 2021, con la captura de los principales aspirantes presidenciales y líderes opositores, amparado en un paquete de leyes represivas aprobadas a finales de 2020. "A partir de ahí ya puede hablarse de un régimen cerrado", afirma Núñez.

La Iglesia, el último bastión

El capítulo final fue la ofensiva contra la Iglesia católica, convertida —según Núñez— en una “Iglesia de catacumbas”. Obispos expulsados, sacerdotes encarcelados o forzados al exilio y parroquias bajo vigilancia. “Primero tomó el control absoluto del poder y después procedió a la persecución religiosa. Fue lo último que hizo”, sostiene.

Ese ataque, apunta Núñez, fue el colofón de una operación planificada durante años: la eliminación metódica de cualquier espacio autónomo dentro de la sociedad.

Así, en los últimos 19 años, la Corte Suprema y el sistema judicial dejaron de actuar como contrapesos institucionales para convertirse en instrumentos del Ejecutivo. La criminalización de la disidencia, las confiscaciones arbitrarias, las elecciones sin competencia real y la represión sistemática han terminado de perfilar un régimen autoritario que, según Núñez, responde a un único propósito: "permanecer en el poder a cualquier costo".

El repaso de estas casi dos décadas confirma que la dictadura que padece Nicaragua no se levantó de la noche a la mañana. Es el resultado de una obra de ingeniería política, legal y represiva, construida pieza por pieza, hasta desmantelar por completo el sistema democrático.