Diputados legislaron en el 2025 para entregarle el poder absoluto a los dictadores Ortega y Murillo
La Asamblea Nacional aprobó durante el 2025, un total de 35 leyes, incluidas las reformas a la Constitución Política con la que la dictadura desmanteló el equilibrio de poderes, legalizó la apatridia y consagró un modelo de copresidencia familiar bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En su informe de gestión anual, la primera secretaria del Parlamento Nacional, Loria Raquel Dixon, destacó que entre las 35 leyes, están incluidas las reformas constitucionales, con la que entregaron el control total a Ortega y Murillo, y que a su criterio consolidó la Nicaragua revolucionaria que pregonan los dictadores.
Con las reformas, los diputados en la Asamblea, transformaron la estructura del Estado, porque eliminaron la independencia y separación de poderes y concentraron todas las decisiones en la Presidencia de la República.
Entre las enmiendas, aprobadas en segunda legislatura, están la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, se creó la figura de la "copresidenta", cargo que fue creado para Rosario Murillo y que ocupa desde febrero, y redefinió los poderes del Estado, que pasaron a denominarse “órganos” subordinados al Ejecutivo.
La reforma lo que hizo fue formalizar lo que en la práctica realizaban el matrimonio Ortega y Murillo, al cederle el control total sobre el Legislativo, el Judicial, el sistema electoral, la Contraloría y los entes autónomos.
"Hemos consolidado nuestra Nicaragua revolucionaria", proclamó la primera secretaria del Parlamento, al leer el informe anual.
Legalización de paramilitares
La legisladora destacó la reforma constitucional como uno de los principales logros del año, subrayando que incorpora "elementos fundamentales de nuestra historia" y reconoce "las gestas de nuestros héroes y heroínas”, en una narrativa oficial que mezcla épica revolucionaria con concentración de poder.
Las reformas han sido duramente cuestionadas por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y la oposición nicaragüense en el exilio, que la consideran un paso decisivo hacia la institucionalización de la dictadura. Entre los cambios más controvertidos figura la legalización de la apatridia para los nicaragüenses que adquieran otra nacionalidad, una práctica que el régimen ya había aplicado de facto contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
El texto constitucional también legaliza la figura de los paramilitares que masacraron a manifestantes desarmados durantes las protestas civicas que iniciaron en abril del 2018 y crea las llamadas "fuerzas militares de reserva patriótica" y la "policía voluntaria", cuerpos que, según críticos y organismos de derechos humanos, podrían funcionar como estructuras parapoliciales o paramilitares al servicio del régimen, evocando los grupos que participaron en la represión de las protestas de 2018.
La Nicaragua revolucionaria de Ortega y Murillo
La nueva Constitución define a Nicaragua como un Estado "revolucionario" y establece que el poder lo ejerce el pueblo de forma "directa" a través de la Presidencia, que dirige los dictadores Ortega y Murillo, y coordina a todos los demás órganos del Estado. Además, la Presidencia —integrada por un copresidente y una copresidenta— se erige como jefatura suprema del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, concentrando el control civil y militar en una sola pareja gobernante.
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La reforma permite también el nombramiento de vicepresidentes sin necesidad de elección popular y eleva a símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista, borrando cualquier frontera entre Estado y partido. En materia de libertades públicas, el texto faculta al Estado a vigilar que los medios de comunicación no estén "sometidos" a intereses extranjeros ni difundan "noticias falsas", una cláusula ambigua que refuerza la censura y la persecución contra la prensa independiente.
Durante la lectura del informe, Dixon recordó que en 2025 también se aprobó en primera legislatura otra reforma constitucional que deja claro que los nicaragüenses que adquieran otra nacionalidad perderán automáticamente la suya, una medida que profundiza el destierro como herramienta política.
El Parlamento sandinista autorizó además tres decretos para el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves militares de Rusia, Cuba, Venezuela y Estados Unidos, en un gesto que el régimen presenta como cooperación internacional, pero que refuerza su estrategia de alianzas selectivas en medio del aislamiento diplomático.
Durante el cierre de la legislatura XLI, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que continuarán perfeccionando el Estado revolucionario, término usado por Ortega y Murillo, para hacerse del control absoluto de Nicaragua. Según Porras, esa estrategia se basa en la lucha contra la pobreza, perservando la paz.
Con información de EFE
