Abogados del diablo: pastores defienden a Ortega y Murillo, no la Biblia
Pastores de iglesias evangélicas vuelven a comprometer su credo por conveniencia política. En medio de la alerta por la restricción del ingreso de la Biblia en Nicaragua a través de los puestos fronterizos terrestres, representantes de al menos once organizaciones religiosas han firmado comunicados o comparecido en conferencias de prensa para negar la medida que dimensional el grave deterioro de la libertad religiosa en el país bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Lo han hecho pese a la existencia de carteles colocados en las terminales de autobuses, en los que se incluye la Biblia junto con periódicos y revistas- entre los artículos restringidos, equiparándolos a objetos considerados peligrosos, como armas o líquidos inflamables.
En conferencia de prensa, los pastores Roberto Rojas de las Asamblea de Dios; Jorge Ulises Rivera, de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Misión Centroamérica; y Adolfo Sequeira, de la Iglesia de Dios en Nicaragua negaron la persecución religiosa en Nicaragua y aseguraron que en el país hay "plena libertad de culto" y libre circulación de la Biblia.
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Los pastores también aseguraron que en Nicaragua no existen confiscaciones de bienes religiosos ni exilio forzado de líderes cristianos, pese a casos documentados como el de la congregación Puerta de la Montaña, a la que le fueron confiscados sus bienes; sus representantes fueron apresados y posteriormente desterrados del país.
Este lunes la Procuraduría General de la República confirmó su cruzada contra predicadores incómodos al reconocer por primera vez la catura, juicio en secreto y condena contra el pastor evangélico Rudy Palacios y a varios de sus familiares, a los que imputó traición a la patria, terrorismo y otros delitos.
La dictadura ha comprado lealtades de líderes evangélicos
La defensa que algunos pastores asumen de la dictadura se explica por una relación antigua construida por el régimen sobre la base de prebendas financiadas con bienes y recursos públicos.
Entre 2007 y 2018, bajo la administración de Daniel Ortega, casi 20 millones de dólares de recursos del Estado fueron repartidos entre iglesias, fundaciones y a la universidad Católica, según una investigación periodística del medio digital La Lupa.
El trabajo periodíctico evidenció que los evangélicos recibieron al menos 2 millones 293 mil 509 dólares de los recursos que el orteguismo ha destinado para ganar apoyo de líderes religiosos.
Un año más tarde, luego que el bloque de pastores aliados acuerparan a Ortega tras reprimir con fuerza letal las protestas de 2018, el régimen los premió con 67 inmuebles.
Roberto Rojas, quien además actuó como vocero de las Asambleas de Dios, desmintió las evidencias sobre la disposición arbitraria que prohíbe el ingreso de Biblias a quienes entran a Nicaragua por las fronteras de Peñas Blancas, en Costa Rica, y Guasaule, en Honduras.
La medida, confirmada por medios de comunicación independientes, se conoció luego de que las mismas empresas de transporte advirtieran a los viajeros sobre la disposición y numerosos viajeros comenzaran a circular fotografías de los carteles colocados en dichas terminales fronterizas.
"Si hubiera restricción, no estaríamos aquí", afirmó Rojas en un intento por restar credibilidad a las denuncias.
Los líderes evangélicos insistieron en que han importado Biblias sin dificultades ni cobros de aranceles y agradecieron a la dictadura por permitirles la realización de las celebraciones como el Día Nacional de la Biblia.
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El pastor Jorge Ulises Rivera aseguró que su organización ha ingresado al país unas 15 mil Biblias y ha desarrollado festivales y congresos "con total apoyo del Gobierno", mientras que el pastor Adolfo Sequeira afirmó que no tienen conocimiento de prohibiciones o restricciones a la predicación evangélica.
Estas declaraciones contrastan con los múltiples informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Expertos de la ONU y organizaciones nacionales que han documentado una represión sistemática contra la Iglesia católica y sectores evangélicos no alineados con el oficialismo, incluyendo arrestos, amenazas, expulsiones del país y confiscación de templos y obras sociales.
Desde el 2018, al menos 5,500 organizaciones civiles han sido ilegalizadas y donde sacerdotes y pastores críticos han tenido que abandonar Nicaragua por razones de seguridad.
