Juramentan a cinco nuevos magistrados de la Corte, la Fiscalía General y dos magistraturas quedan vacantes
La Asamblea Nacional juramentó este jueves a los cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ), en un acto que consolida la reconfiguración del Poder Judicial impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los nuevos magistrados —conocidos por su lealtad política y su historial represivo— son: Ana Julia Guido, quien fungía como Fiscal General de la República; los exmagistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Ernesto Rothschuh Andino y Ernesto Leonel Rodríguez Mejía; así como Shura Bonilyn Welcome Crawford, jueza local del Caribe; y José Manuel Fuertes Toledo, secretario político del Frente Sandinista en el departamento de Boaco.
Con su juramentación, la CSJ queda integrada —hasta ahora— por ocho magistrados: los cinco juramentados hoy, más los ya existentes: Marvin Aguilar García, Juana Méndez Pérez y Armando Juárez López.
Con la entrada en vigor este año de la nueva "Ley Orgánica del Sietema Judicial", tras la reforma constitucional, se redujo la Corte a un total de 10 magistrados con un periodo de seis años, por lo que quedan dos vacantes por cubrir.
¿Y Alba Luz Ramos?
La purga en el Poder Judicial comenzó en octubre de 2023, cuando Alba Luz Ramos —magistrada con décadas en la Corte y presidenta de la CSJ— fue desalojada abruptamente de su oficina por agentes de la Policía bajo órdenes del asesor presidencial Horacio Rocha.
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Desde ese momento, Ramos fue retirada de facto del cargo y enviada a su casa bajo “arresto domiciliario”, mientras se ordenaba una depuración masiva: despidos, remociones de magistrados, juezas y otros funcionarios del Poder Judicial vinculados a ella. Aunque no se ha registrado una destitución formal —no hay un documento oficial conocido que anuncie su cesantía—, el régimen ha promovido a otro magistrado, Marvin Aguilar, como “presidente en funciones” de la Corte.
Un "poder" judicial al servicio de la dictadura
Con la juramentación de los cinco nuevos magistrados represores y leales al régimen, y la existencia de vacantes clave —la Fiscalía General y dos magistraturas—, la dictadura consolida su control total del sistema judicial.
Estos nuevos nombramientos confirman que el criterio ya no es mérito para un cargo de esta magnitud, sino fidelidad al oficialismo y odediencia a los codictadores.
Este nuevo diseño institucional refuerza lo que para muchas voces es la “muerte de la independencia judicial” en Nicaragua, allanando el camino para una Justicia al servicio de la represión, la impunidad y el control político absoluto.
