Destierros, juicios injustos y lealtad absoluta: los “méritos” de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no llegan tanto por méritos profesionales ni por trayectoria destacada en la defensa del Estado de derecho. Llegan por lealtad política. Esa es la credencial real —su “currículum”— que les ha permitido escalar hasta lo más alto de la carrera judicial en Nicaragua, justo cuando la Corte dejó de ser un Poder del Estado para convertirse, después de la reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un “órgano” subordinado directamente al Ejecutivo. La independencia judicial quedó formalmente aniquilada.
La Corte Suprema de Justicia quedará integrada por magistrados con antecedentes de represión, despojo de nacionalidad, destierro de opositores y presuntos actos de corrupción.
Tras la salida forzada de cinco magistrados, el régimen ejecutó una reconfiguración express de la Corte. Entre los nuevos nombramientos figuran: Ana Julia Guido, quien fungía como Fiscal General de la República; los jueces del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Ernesto Rothschuh Andino y Ernesto Leonel Rodríguez Mejía; así como Shura Bonilyn Welcome Crawford, jueza del Caribe; y José Manuel Fuertes Toledo, secretario político del Frente Sandinista en el departamento de Boaco.
Los “méritos”: represión, desnacionalización y destierros
Ana Julia Guido: como Fiscal General de la República desde 2014, encabezó el Ministerio Público durante los procesos judiciales más duros contra opositores, manifestantes, periodistas y activistas tras las protestas de abril de 2018. Su gestión fue señalada por organismos internacionales y sancionada Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en violaciones de derechos humanos, criminalización de la protesta y persecución penal selectiva.
Octavio Ernesto Rothschuh Andino: desde su posición en el Tribunal de Apelaciones de Managua, Rothschuh fue quien leyó la orden que deportó forzosamente a 222 presos políticos —todos considerados “traidores a la patria”—, y decretó la pérdida de su nacionalidad. en febrero de 2023.
El magistrado fue quien leyó la sentencia contra el obispo Rolando Álvarez, imponiéndole una pena de 26 años y 4 meses de prisión, la pérdida de la nacionalidad y la suspensión perpetua de sus derechos ciudadanos. En la lectura de la sentencia Rothschuh afirmó que el jerarca católico era autor del “delito de menoscabo a la integridad nacional”, y meses después Álvarez fue desterrado al Vaticano.
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía: también del Tribunal de Apelaciones de Managua, fue el responsable de declarar “traidoras” a 94 personas —periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos— y de ordenar la revocación de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes.
Tanto Octavio Rothschuh como Ernesto Leonel Rodríguez Mejía fueron incluidos en las sanciones impuestas por Estados Unidos el 19 de abril de 2023, señalados por estar “implicados en abusos contra los derechos humanos”.
Shura Bonilyn Welcome Crawford: proveniente de la judicatura regional del Caribe (Corn Island), sube a la Corte como parte de una estrategia de expansión del control del régimen hacia todas las regiones. Aunque, de momento, no ha sido sancionada, su nombramiento representa la integración de jueces territoriales fieles al sandinismo.
José Manuel Fuertes Toledo: secretario político departamental del FSLN en Boaco, salta a la Corte desde la política local. Ese ascenso demuestra que la lealtad partidaria y la cercanía al poder pesan más que la integridad o el mérito técnico. El 14 de agosto de 2024, su esposa, la alcaldesa de Boaco, Karla Espinoza Peña, fue destituida bajo señalamientos de corrupción. El nuevo magistrado era su jefe político.
Quedan dos vacantes por anunciar
Con la purga de cinco magistrados en la última semana y el nombramiento de sus sustitutos, la Corte Suprema de Justicia queda integrada por ocho magistrados: Ana Julia Guido, Octavio Rothschuh, Ernesto Rodríguez Mejía, José Manuel Fuertes Toledo y Shura Welcome Crawford se suman al magistrado presidente "en funciones" Marvin Aguilar, Juana Méndez -restituida en su cargo tras una breve renuncia en su intento por presidir la Corte Centroamericana de Justicia- y Armando Juárez.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial tras la reforma constitucional que entró en vigencia este año, se redujo a 10 el número de magistrados de la Corte Suprema y se amplió el periodo a seis años. Quedarían por rellenar dos vacantes.
Con esta composición, la Corte Suprema oficialmente deja de ser un contrapeso independiente y se convierte en una extensión del Ejecutivo. Quienes ordenarion penas durísimas, destierros y desnacionalizaciones ahora integran la cúspide del sistema judicial.
