Marcio Vargas amenaza con sacar a la “Generación AK” si la juventud se rebela a la dictadura
Marcio Vargas, el autodenominado cineasta al que Daniel Ortega encargó una biografía manipulada -de exhibición obligatoria en espacios públicos- expuso la instrucción explícita de neutralizar o eliminar cualquier intento de disidencia en Nicaragua. Según sus palabras, el FSLN dispone de una legión de mercenarios a la que llamó "Generación AK", en referencia al fusil de guerra AK-47, como los utilizados para reprimir las protestas que estallaron en Nicaragua en abril de 2018.
"Si el imperialismo quisiera activar en Nicaragua la tal ‘Generación Z’, le responderíamos con una nueva: Generación AK", escribió Vargas en un mensaje público en redes sociales, dejando en evidencia el perfil criminal del FSLN.
Más allá de la amenaza, el planteamiento de Vargas busca menospreciar a los jóvenes, presentándolos como fácilmente manipulables por actores extranjeros. La Generación Z, nacida entre finales de los 90 y principios de los 2010, es la primera en crecer completamente inmersa en el mundo digital. Con redes sociales como escenario cotidiano, accede a información global al instante, cuestiona normas establecidas y observa la política, la justicia y la sociedad con mirada crítica, según diversos análisis. La describen como pragmática, consciente de la diversidad y con un marcado compromiso social.
El ataque incluso alcanza a las nuevas generaciones que integran las filas sandinistas, consideradas una de las bases de apoyo más sólidas de Rosario Murillo y que, con el tiempo, han desplazado a la vieja militancia. Es precisamente sobre ese relevo, agrupado en la llamada Juventud Sandinista, que recae el menosprecio expresado por Vargas.
Una generación de inspiración bélica
En contraste, la Generación AK acuñada por el autodenominado cineasta alude al militarismo, tomando como símbolo el fusil AK-47, y refleja la naturaleza armada del sandinismo.
Su existencia, documentada por grupos de derechos humanos y expertos en la región, evidencia la normalización de la violencia y la represión como instrumentos políticos. Desde 2018, la Policía, el Ejército y grupos paramilitares han sido responsables de más de 350 asesinatos, miles de criminalizaciones arbitrarias, desplazamientos forzados al exilio y la detención de cientos de presos políticos, confirmando un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, según informes de la ONU y la CIDH.
Ortega y su esposa, la proclamada "copresidenta" Rosario Murillo, enfrentan una causa judicial abierta en Argentina por delitos de lesa humanidad y un pedido de orden de captura internacional, además del repudio de gran parte de la comunidad internacional por la deriva totalitaria de su régimen.
Lo señalado por Vargas confirma además el plan armamentista del régimen, que tras la reforma constitucional impulsada como base para la instauración de un régimen dinástico, legalizó la existencia de grupos paramilitares y creó batallones entrenados militarmente en todo el país, obligando incluso a empleados públicos a participar en dichos cuerpos armados.
Esta militarización sistemática ha generado un clima de miedo y autocensura entre la población y evidencia la consolidación de un aparato de represión institucionalizado.
