Cuenta regresiva para Nicaragua en el CAFTA-DR: vence el plazo de consultas sobre posibles sanciones comerciales
Este 19 de noviembre concluye el plazo que otorgó el gobierno de Estados Unidos en la consulta pública sobre las sanciones que impondrá a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua por violaciones a los derechos laborales y humanos establecidos en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) determinó que estas prácticas han creado un ambiente de alto riesgo para las empresas norteamericanas y planteó imponer sanciones comerciales al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio.
Estados Unidos pregunta qué medida aplicar: si suspender los beneficios del CAFTA-DR a Nicaragua o imponer aranceles de hasta un 100% a productos nicaraguenses, definiendo sectores y fechas de aplicación. La decisión se podría conocer a más tardar el 10 de diciembre.
Según USTR, las políticas del régimen "son irrazonables y restringen el comercio estadounidense" y en consecuencia se plantea también imponer una subida del 100% de aranceles a Nicaragua que sería nefasto para las exportaciones nacionales.
La consulta ha recibido más de 1,500 comentarios. Según el analista político Manuel Orozco, el proceso deja al descubierto la profunda preocupación internacional por el deterioro del clima político y laboral en Nicaragua, pero también evidencia el silencio del sector privado ante la represión estatal.
Empresas de zona franca abogan por la dictadura
Durante las últimas semanas, varias empresas y compañías de zona franca se pronunciaron alertando que una eventual salida de Nicaragua del Cafta tendría un impacto negativo en el empleo; lo que a criterio del politólogo Manuel Orozco ese argumento "no responde a la realidad", ya que evita enfrentar el verdadero origen de la crisis que es la sistemática violación de derechos fundamentales que motivó la investigación de parte de los Estados Unidos.
Orozco sostiene, en un artículo de opinión publicado en Confidencial este 18 de noviembre, que las consecuencias inmediatas de la salida de Nicaragua del Cafta afectarían el empleo; sin embago, las empresas serán las más afectadas ya que ellas son las que proporcionalmente generan más ganancias en relación con su actividad económica en el país.
Para el analista, las transnacionales que operan en Nicaragua han mantenido un perfil bajo a pesar de ser testigos directos de restricciones laborales, presiones políticas, extorsiones y el éxodo de cientos de miles de nicaragüenses. "No pueden decir que son apolíticas cuando sus propias operaciones se ven afectadas por un entorno de control autoritario", afirma Orozco.
"El silencio entre la denuncia de lo que pasa en Nicaragua y el alegato de que Estados Unidos provocaría la pérdida de empleos no tiene consistencia, ni congruencia, y más bien reconoce que hay algo mal en el país, pero que no se puede denunciar", reitera.
Si EE.UU. decide avanzar con la suspensión de Nicaragua, se abrirá un periodo de 12 meses para implementar la medida. Ese plazo será clave tanto para el régimen como para el sector privado que podría verse obligado a asumir un rol más activo.
Salida negociada
El politógolo recomienda a las empresas internacionales que operan en Nicaragua a contribuir para que la dictadura adopte medidas que eviten la salida del país del Cafta, entre ellas, garantizar los derechos laborales, renovar los acuedos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y mejorar las condiciones de los trabajadores.
"Estos negocios pueden contribuir a facilitar una transición, recomendar a Rosario Murillo que adopte medidas de remediales, según los hallazgos de la investigación. Ellos pueden comprometerse, junto al Gobierno a cumplir con los derechos laborales básicos, incluido el promover el sindicalismo independiente, y trabajo decente; y renovar acuerdos y presencia de la OIT para mantener relaciones a favor de los trabajadores, incluyendo aumentar el rol de inspectores laborales, de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y la protección del Estado a los trabajadores", apuntó.
Asimismo, exhorta a los empresarios y mandos directivos a denunciar las violaciones de los derechos humanos que afecta no solo a los nicaragüenses, sino también a los empleados de esas transnacionales que son perseguidos por dar un like en las redes sociales. Finalmente, pide a la administración de Donald Trump intermediar para que Nicaragua retome sus compromisos con los derechos humanos.
La suspensión del CAFTA-DR representaría un golpe económico sin precedentes para el régimen Ortega-Murillo, ya que el acceso al mercado estadounidense es un soporte clave de las exportaciones nicaragüenses, que dependen en un tercio de ese mercado.
El CAFTA-DR está vigente para Nicaragua desde 2006. Tras casi 20 años, la mayoría de los productos que se exportan e importan hacia y desde Estados Unidos no pagan aranceles.
