Octubre cierra con 77 presos políticos en Nicaragua: casi la mitad son de Carazo y 36 están como «desaparecidos»
En medio de un clima de terror extremo, marcado por la vigilancia constante y la intimidación para silenciar a las víctimas, octubre cierra en Nicaragua con 77 presos políticos plenamente identificados, de los cuales 36 permanecen en paradero desconocido tras haber sido capturados sin orden judicial, según una actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La lista, actualizada hasta el 29 de octubre, y cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluye opositores, periodistas, líderes indígenas, exmilitares, integrantes de partidos políticos e incluso antiguos aliados del régimen, alcanzados por su brazo represor.
Asimismo, el Mecanismo identifica a Carazo como "epicentro de la represión". Del total de personas desaparecidas, el 42 % son originarias de este departamento, le siguen Managua (17 %) y Masaya (14 %).
El Mecanismo advierte que las cifras reflejan solo una parte de la represión: corresponden a casos denunciados y verificados, pero no representan la magnitud real del fenómeno. Estiman un subregistro "considerable" de detenciones y violaciones de derechos humanos que atribuye a acciones "autocensura y silencio forzado" por parte de los familiares de las víctimas que son "amenazadas y hostigadas por las autoridades" para impedir la denuncia o el acompañamiento.
La persecución del régimen, señalan, impide conocer con exactitud el número de personas detenidas ya que silencia muchas de las capturas arbitrarias. En su informe de enero a septiembre, el organismo documentó 150 detenciones, aunque solo 23 fueron incorporadas a la lista de presos políticos. En más de 80 casos, admiten, "no se ha logrado confirmar el estatus de las víctimas ni establecer contacto con sus familias".
"Se estima que dicho subregistro es considerable, producto del estado de terror y miedo generalizado impuesto por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que utiliza la represión como instrumento para mantener el control social y silenciar la demanda de justicia", apunta.
El 27% son adultos mayores
El informe evidencia que el 69 % de los detenidos por razones políticas son personas entre los 36 y 65 años, es decir que muchos de ellos son personas en plena edad productiva, con familias cuyas vidas han sido profundamente marcadas por la represión.
Aunque en menor proporción, también figuran jóvenes entre los 18 y 25 años, un recordatorio de que el castigo político no discrimina generaciones.
Sin embargo, lo más alarmante, advierte el Mecanismo, es que más de una cuarta parte (27 %) de los presos políticos son adultos mayores de 60 años, un grupo particularmente vulnerable ante el encierro, los malos tratos, negativa de visitas familiares, aislamiento y la falta de atención médica.
Entre las personas de edad avanzada actualmente encarceladas se encuentran: Eliseo de Jesús Castro Baltodano, José Manuel Urbina Lara, Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Zacarías Isabel Cano Angulo, José Ricardo Cortez Dávila, Eddie Moisés González Valdivia, Nancy Elizabeth Henríquez James, Eddy Danilo Meléndez Lacayo y Brooklyn Rivera Bryan.
Desaparecidos, tortura en doble vía
En el informe de octubre, el Mecanismo también subraya la tortura en doble vía derivada de los 36 casos de presos políticos en paradero desconocido desde su detención. Denuncian que hay familias que llevan meses e incluso años buscando información sin que las autoridades ofrezcan una sola pista sobre el sitio donde se encuentran o su situación legal. Lo que es peor: en lugar de respuestas, reciben amenazas, aputa.
El organismo ha conocido que funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional y de la Policía han advertido a quienes insisten en preguntar o denunciar públicamente que "guarden silencio o enfrenten consecuencias". En varios casos, esas amenazas se han traducido en presiones directas para que abandonen el país, provocando desplazamientos forzados y un clima de miedo.
Los datos muestran que de las 12 mujeres actualmente reconocidas como presas políticas, nueve permanecen en paradero desconocido, lo que representa el 75 % del total. En el caso de los hombres, de 27 de los 65 detenidos, no se tiene pistas.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas advierte que el régimen utiliza la desaparición forzada como una forma de castigo político y control social.
