ONU exige medidas concretas contra la dictadura de Ortega-Murillo: sanciones, justicia internacional y protección a exiliados
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU pidió este jueves a la comunidad internacional a intensificar la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que acusa de cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes internacionales.
En su primera comparecencia ante la Asamblea General, el organismo presentó un panorama alarmante sobre la situación en Nicaragua y pidió medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y la protección de las personas nicaragüenses en el exilio.
El organismo también instó a la comunidad internacional pasar de la condena verbal a acciones concretas: sanciones selectivas, procesos judiciales internacionales y mecanismos de protección para las miles de personas nicaragüenses que hoy viven en el exilio, perseguidas y despojadas de su nacionalidad.
“El Gobierno de Nicaragua ha desmantelado el Estado de derecho y las instituciones democráticas mediante el miedo, la violencia y la represión”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. “Resulta trágico que un país que antes hablaba de paz y desarrollo, hoy figure en la ONU como símbolo de represión y dictadura”.
Un régimen que gobierna con el terror
El informe, basado en más de 1.900 testimonios y 9.300 documentos, revela una política de Estado para silenciar cualquier forma de disidencia dentro y fuera del país. Las conclusiones señalan que desde 2018 el régimen ha ejecutado una represión generalizada y sistemática, con prácticas que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, juicios sin garantías, expropiaciones y desapariciones forzadas.
“El aumento del uso de la desaparición forzada refleja una crueldad inmensa hacia las víctimas y sus familias”, denunció Reed Brody, integrante del Grupo. “En Nicaragua, buscar justicia se ha convertido en una nueva forma de persecución”.
El documento también detalla cómo la dictadura ha extendido su represión fuera de Nicaragua, persiguiendo a opositores en el exilio, despojándolos de su nacionalidad, confiscando sus bienes y negándoles el derecho a la identidad y al retorno.
“La privación de la nacionalidad es una herramienta para castigar y borrar a quienes se atreven a disentir”, advirtió Ariela Peralta, otra integrante del Grupo. “Destruye vidas, separa familias y condena al exilio permanente”.
El asesinato del mayor retirado Roberto Samcam en Costa Rica, en junio de este año, encendió las alarmas sobre la inseguridad que enfrentan los exiliados. Según los expertos, ya son al menos cuatro los ataques registrados contra nicaragüenses refugiados en ese país, lo que confirma que el brazo represor del régimen traspasa fronteras.
Ortega busca su impunidad
El informe destaca además el retiro de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, una maniobra que los expertos interpretan como parte de la estrategia del régimen para evadir el escrutinio internacional.
“El aislamiento del Gobierno no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda desesperada de impunidad”, enfatizó Simon. “La presencia de Nicaragua en la agenda de la Asamblea General es una señal de alarma: la represión ha alcanzado niveles intolerables”.
El Grupo de Expertos pidió a los Estados que activen mecanismos de justicia universal y que promuevan procesos ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tratados internacionales, incluido el de 1961 sobre la reducción de casos de apatridia.
“La comunidad internacional no puede seguir siendo testigo pasivo”, concluyó Peralta. “Debe actuar: imponer sanciones, enjuiciar a los responsables y ofrecer protección a las víctimas. El valor del pueblo nicaragüense demuestra que el cambio es posible”.
