EE.UU. pone en jaque a las zonas francas de Nicaragua: 140 mil empleos y la mitad de las exportaciones en riesgo
El modelo exportador de Nicaragua descansa sobre un pilar: las zonas francas donde trabajan más de 140,000 nicaragüenses y se genera casi la mitad de las ventas al exterior. Según cifras del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), en 2024 Nicaragua exportó 7,521.9 millones de dólares, y de esa cifra, 3,331 millones (el 44% del total nacional) provinieron del régimen de zonas francas.
Las zonas francas fueron objeto directo de la investigación del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), cuyo informe, publicado el 20 de octubre, concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comete violaciones sistemáticas de los derechos laborales y sindicales, en contravención de los compromisos asumidos bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Esa determinación no es simbólica: otorga a Washington la base legal para imponer medidas comerciales al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio, entre ellas aranceles de hasta el 100% o la suspensión parcial o total de los beneficios del tratado. En la práctica, eso equivaldría a dejar a Nicaragua fuera del CAFTA-DR, sin acceso preferencial al mercado estadounidense que sostiene su modelo exportador.
Estados Unidos, el socio que lo sostiene todo
Si Estados Unidos ejecuta alguna de estas acciones, el impacto sería devastador. En 2024, las exportaciones bajo el régimen de zonas francas fueron de 3,331 millones (el 44% del total nacional).
Los productos más exportados fueron las prendas y complementos de vestir (1,737.5 millones de dólares), arneses automotrices (760 millones) y puros de tabaco (395 millones). Juntos, representan el 87% del total exportado por el sector. Todos ellos dependen en su mayoría del acceso sin aranceles al mercado estadounidense.
En términos generales, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones nicaragüenses, con una participación del 48.4% del total exportado en 2024, equivalente a 3,640.7 millones de dólares.
Esto significa que uno de cada dos dólares que Nicaragua obtiene por exportaciones depende de Estados Unidos. Ningún otro país o región —ni Centroamérica, ni México, ni Canadá— tiene un peso comparable en la economía nacional. Mucho menos otros países aliados del régimen como China, Rusia, Venezuela o Irán.
Lo que puede venir: aranceles o suspensión del CAFTA
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició un proceso de consulta pública que estará vigente hasta el 19 de noviembre. Durante ese período, empresas y ciudadanos podrán pronunciarse sobre las medidas que EE. UU. debería aplicar.
Las opciones incluyen aumentar los aranceles sobre productos nicaragüenses —como textiles, tabaco o arneses— o suspender total o parcialmente los beneficios del tratado.
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Si se aplican aranceles del 100%, las exportaciones nicaragüenses dejarían de ser competitivas de inmediato, pues el costo duplicado eliminaría las ventajas de precio que hoy sostienen al sector.
En ese escenario, Nicaragua podría perder más de 3,000 millones de dólares en exportaciones y decenas de miles de empleos, en un país donde las maquilas son la principal fuente de trabajo formal y de divisas.
El impacto social de una medida comercial
La posible respuesta de Estados Unidos no solo amenaza los balances macroeconómicos del régimen, sino la estabilidad de miles de hogares.
La caída de la producción en las zonas francas arrastraría a sus proveedores —transportistas, talleres, servicios, empaques— y multiplicaría el desempleo en las ciudades donde operan los parques industriales, principalmente en Managua, Masaya, Carazo o León.
El modelo de las zonas francas, que durante años el régimen presentó como símbolo de crecimiento, depende completamente del CAFTA-DR y del mercado estadounidense. Si ese acceso se pierde, Nicaragua no tiene otro destino comercial capaz de absorber ese volumen de exportaciones.
El informe del USTR deja una advertencia clara: la represión, la falta de libertades y el desmantelamiento del Estado de derecho no solo cuestan legitimidad política, sino también empleos, inversión y el futuro económico del país.
