Compra fantasma del proyecto Bismarck Martínez en Nandasmo: pegan al asesor y salvan a las alcaldesas
Una “compra fantasma” de un terreno en Nandasmo, ejecutada bajo el programa habitacional Bismarck Martínez, se suma al largo historial de corrupción en las alcaldías sandinistas y a la opacidad que caracteriza este programa, promovido por el régimen como respuesta a la grave carencia de vivienda social en el país.
En el caso está implicado el exasesor legal municipal, Everto Antonio Sandino Borgen, quien fue condenado a diez años de prisión por fraude, según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso Despacho 505. Aunque las alcaldesas Gloria María Sánchez Munguía y Anabell Gutiérrez Mairena avalaron la operación, ninguna fue investigada o requerida durante el proceso judicial.
Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando el Concejo Municipal de Nandasmo aprobó la compra de una propiedad de dos manzanas para la ejecución del proyecto Bismarck Martínez. Con el aval de las autoridades locales, Sandino gestionó un anticipo de compraventa por un terreno ubicado al norte del cementerio de la comunidad Pío XII.
Como supuesto propietario del terreno figuraba Rodolfo Antonio Sánchez Barquero, de 67 años, quien, según los registros públicos, ya había vendido esa propiedad en agosto de 2020. A pesar de ello, la promesa de compraventa fue formalizada mediante la escritura número 94.
En ese documento se estableció que la Alcaldía adquiriría el terreno por 2,780,575.20 córdobas, a pagar en cuotas durante cuatro años.
Entre el 11 de marzo y el 20 de abril de 2022, la Alcaldía desembolsó más de 1.3 millones de córdobas en tres pagos. La operación fraudulenta se concretó el 11 de abril de 2024 mediante la escritura número 98, cuando Sandino autorizó un nuevo pago de 314,903 córdobas al falso dueño, sumando un perjuicio total de 1,348,465 córdobas para el erario municipal. El fraude fue descubierto cuando la municipalidad intentó registrar el terreno a su nombre.
El 17 de diciembre de 2024, Sandino y Sánchez Barquero fueron condenados a 10 y 20 años de prisión, respectivamente, por la jueza María Campos Chamorro, titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Masatepe. La sentencia fue ratificada el 12 de febrero de 2025 por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, presidida por la magistrada Adela Cardoza.
Defensa denuncia “odio desmedido” y encubrimiento de alcaldesas
Sánchez Barquero fue condenado además al pago de una multa equivalente a 800 días por los delitos de estelionato, fraude por simulación y tercero beneficiado.
Durante la apelación, el abogado defensor de Sandino alegó violaciones al derecho a la defensa y acusó a la jueza Campos Chamorro de mostrar “una actitud de odio desmedido” hacia su cliente. Además, afirmó que Sandino actuó bajo las órdenes directas de la entonces alcaldesa Gloria María Sánchez Munguía y de la actual alcaldesa Anabell Gutiérrez Mairena, quien asumió en enero de 2023.
El abogado también negó que la municipalidad haya sufrido un perjuicio económico o que el dinero se haya perdido, pero sus argumentos fueron rechazados por los magistrados.
El expediente judicial confirma que tanto los pagos como las escrituras falsas fueron avalados por la administración municipal, primero bajo Sánchez Munguía y luego bajo Gutiérrez Mairena, ambas funcionarias amparadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Pese a los señalamientos, ninguna de las dos fue investigada. En la apelación, la defensa reiteró que Sandino actuó por órdenes superiores, pero nuevamente ambas alcaldesas fueron excluidas del proceso.
Corrupción estructural bajo el programa Bismarck Martínez
El caso de Nandasmo ilustra cómo un programa que el régimen Ortega-Murillo presenta como emblema de justicia social se ha convertido en un vehículo para el desvío de fondos públicos y el encubrimiento de corrupción a todas las escalas.
El Programa Bismarck Martínez surgió como un proyecto de lotificación. En plena crisis sociopolítica, tras el estallido social de abril de 2018, la administración Ortega-Murillo anunció que sería transformado en un programa de vivienda social y le dio el nombre del militante sandinista cuyo crimen atribuyen a opositores y que fue elevado a "héroe".
El plan inicial anunciado consistió en la construcción de 50,000 viviendas sociales en un plazo de siete años, de las cuales 20,000 estarían asentadas en la capital. Fue puesto en manos del poderoso secretario Fidel Moreno y vinculado a la sancionada Caruna. En torno a este proyecto supuestamente destinado a los pobres se ha tejido un entramado de corrupción, lucro y clientelismo, siendo los principales beneficiarios el FSLN y una red de constructores bendecidos por Moreno.
