Purga política alcanza al sector privado: inician despidos ordenados desde la Presidencia
El control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre los despidos y contrataciones de trabajadores ya no se limita al sector público. Por primera vez, se confirma que la Presidencia inicia a dictar a empresas privadas a quién emplear y a quién despedir.
El último informe sobre Nicaragua del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) detalla que personas percibidas como opositoras al régimen han sido despedidas por instrucciones directas de El Carmen, tanto en el sector público como en el privado entre junio de 2024 y junio de 2025.
“El ACNUDH recibió denuncias de despidos de personas percibidas como críticas al Gobierno y de sus familiares, tanto en el sector público como en el privado. En tres casos documentados por el ACNUDH se informó de que las personas afectadas habían sido despedidas siguiendo instrucciones directas de la Presidencia”, señala el informe.
Los empleadores deben realizar verificaciones de antecedentes que incluyen indagaciones sobre la participación en las protestas de 2018. Si la respuesta es afirmativa, la persona queda automáticamente descartada.
La práctica implica un sistema de control político total en Nicaragua, donde incluso el acceso al empleo privado depende de la lealtad al partido de gobierno.
El informe también advierte que en el sector público las solicitudes de empleo requieren presentar el carné de militante sandinista y criterios discriminatorios similares se aplican en el acceso a servicios de salud y educación, incluidas becas.
Siguen las confiscaciones
El ACNUDH documentó además confiscaciones de bienes, negocios, propiedades, cuentas bancarias y pagos de seguridad social a personas percibidas como opositores, registrando al menos nueve víctimas y 21 bienes incautados sin debido proceso.
“Resulta preocupante que las reformas al Código Penal hayan ampliado el alcance de los delitos que pueden dar lugar a la confiscación, incluidos delitos como el lavado de activos, el terrorismo, la traición a la patria y los ciberdelitos”, advierte el organismo. Esos tipos penales son los que regularmente la dictadura utiliza para perseguir y criminalizar a los disidentes.
Este hallazgo marca un nuevo nivel de represión en Nicaragua: el control absoluto de la vida laboral y económica, con la dictadura imponiendo filtros políticos a empresas privadas y extendiendo la persecución más allá del aparato estatal.
