Rosario Murillo, la copresidente de facto que dejó a Nicaragua sin fecha para elecciones
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes la "asunción de facto" de Rosario Murillo a la "copresidencia" de Nicaragua sin un proceso electoral, tras una reforma constitucional que dejó en suspenso el calendario electoral del país. Además, alertó sobre la concentración absoluta de poder en manos del binomio Ortega–Murillo.
La reforma constitucional aprobada en enero y vigente desde el mes de febrero, modificó la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años. "A falta de una disposición específica sobre el alcance de la aplicación de este nuevo mandato y su interrelación con las disposiciones constitucionales previas bajo las cuales se eligió a Daniel Ortega Saavedra, o de una decisión definitiva de un tribunal independiente e imparcial, la fecha de las próximas elecciones presidenciales sigue siendo incierta", señaló el Alto Comisionado.
Esta no fue una "reforma parcial" como indicó el régimen. “La reforma reformuló por completo el texto constitucional… profundizando la grave erosión del Estado de derecho”, advierte el informe.
Entre los cambios más graves, la ONU subraya que el Ejecutivo se arrogó control sobre el sistema electoral, el Ministerio Público y la justicia; abrió la puerta al uso interno de las Fuerzas Armadas; y eliminó garantías contra la censura y las detenciones arbitrarias.
La represión se mantiene en todos los frentes
El informe no se limita a lo institucional. Confirma que al 15 de junio de 2025 al menos 56 personas seguían encarceladas por motivos políticos, muchas incomunicadas y sometidas a torturas. “Al menos 16 personas denunciaron violencia sexual, torturas físicas o malos tratos”, señala el documento, con testimonios de descargas eléctricas, violencia sexual y privación del sueño en centros como El Chipote, La Modelo y La Esperanza.
La ONU documenta además 52 denegaciones de reingreso al país y 156 expulsiones de nicaragüenses, la mayoría ejecutadas sin resolución escrita ni recurso efectivo de apelación. Estas medidas, alerta el informe, constituyen castigos colectivos que afectan a familias enteras y generan riesgo de apatridia.
Lo que pide la ONU
El Alto Comisionado concluye que Nicaragua vive "una nueva fase de erosión del Estado de derecho": un país donde la Constitución fue alterada para blindar a Ortega y Murillo, donde la represión es sistemática y donde el futuro electoral está en entredicho.
En este contexto, la ONU pide la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y la prohibición expresa de la tortura en la Constitución y en la legislación nacional, con investigaciones rápidas e imparciales.
Además, es necesaria la restitución de la nacionalidad y documentos a las víctimas de despojo, así como el fin de expulsiones y denegaciones de reingreso.
“El Gobierno ha institucionalizado la represión mediante reformas legales y constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo”, afirma el ACNUDH, al tiempo que insta a la comunidad internacional a mantener la presión diplomática y apoyar a las víctimas.
El informe abarca la situación del país desde el 15 de junio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025. En mayo de este año, el ACNUDH envió un cuestionario al régimen sobre los temas que se abordarían, pero no recibió respuesta.
