Dos informes de la ONU: Ortega y Murillo ignoran llamados a liberar presos políticos y esclarecer desapariciones
La ONU volvió a poner en evidencia el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante el sistema universal de derechos humanos. Dos informes presentados este martes en el Consejo de Derechos Humanos denunciaron que en Nicaragua persisten las detenciones arbitrarias de opositores y las desapariciones forzadas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria confirmó que al menos seis nicaragüenses permanecen presos de forma ilegal, pese a que la ONU ya determinó que deben ser liberados tras analizar los casos. Entre ellos están Jaime Enrique Navarrete Blandón, detenido tras las protestas de 2018, quien incluso ya cumplió su condena. También mencionan el caso de los hermanos Ignacio y Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel, Dionisio Robins Zacarías y Nancy Elizabeth Henríquez James.
El informe concluye que sus arrestos carecen de base legal, castigan el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, violan el debido proceso y son por motivos políticos. La ONU exigió su liberación inmediata y reparación integral, pero el régimen no ha tomado ninguna medida. El Grupo de Trabajo advierte que mantenerlos presos es una “violación continua del derecho a la libertad”.
Las desapariciones forzadas: 112 casos en un año
En otro informe, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas reveló que entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se reportaron 112 casos de desaparición forzada en Nicaragua. Ocho de ellos fueron transmitidos de manera urgente al régimen, pero no hubo respuesta.
“El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno información sobre detenciones prolongadas y condiciones carcelarias inadecuadas que podían poner en peligro la vida de las personas detenidas. Lamenta no haber recibido respuesta alguna”, señala el documento oficial.
El informe advierte que muchas de las víctimas desaparecidas lo están desde la represión de las protestas de 2018, lo que evidencia un patrón para silenciar la disidencia. Además, en febrero de este año la ONU pidió autorización para visitar el país, pero el régimen negó el acceso.
Con estas denuncias, el aislamiento internacional de Ortega y Murillo se profundiza. Dos órganos de la ONU, en un solo día, documentan que el país mantiene presos políticos, ignora recomendaciones internacionales y encubre desapariciones, reforzando la imagen de una dictadura que usa la cárcel y el miedo como herramientas de control político.
