Procuraduría de Rosario Murillo expropia tierras a 12 familias en El Realejo, Chinandega
La Procuraduría General de Justicia, la nueva estructura creada por Rosario Murillo bajo el lema “Tod@s contra la corrupción”, ejecutó este lunes su primera expropiación masiva de bienes en Nicaragua, afectando a al menos doce familias propietarias de tierras en el municipio de El Realejo, Chinandega.
El anuncio se oficializó en La Gaceta, Diario Oficial, mediante un Acuerdo Administrativo firmado por la procuradora Wendy Morales, en el que se declara de utilidad pública un área de 176.73 hectáreas (1 millón 767 mil metros cuadrados) ubicadas en la comarca San Isidro.
El régimen justificó la medida como parte del proyecto de “ampliación y modernización del centro logístico Julia Herrera de Pomares”, un plan que, según el texto, busca “posicionar a Nicaragua en la cadena de comercio y logística internacional” y “respaldar el desarrollo económico del país a largo plazo”.
Nadie está a salvo
El decreto establece que los bienes deberán ser entregados a la Empresa Portuaria Nacional (EPN), encargada de ejecutar el proyecto. Además, se ordena a los propietarios “brindar las condiciones necesarias” a los funcionarios estatales para la ocupación de sus terrenos.
El alcance de esta decisión marca un precedente de gran gravedad para el derecho de propiedad en Nicaragua. Analistas advierten que, bajo la figura de “utilidad pública”, el régimen podría despojar de un momento a otro a cualquier ciudadano de sus tierras o bienes, sin previo aviso ni compensación justa, consolidando el control absoluto del Estado sobre el patrimonio privado.
La expropiación en El Realejo envía un mensaje claro: nadie está a salvo en Nicaragua. El régimen demuestra que puede despojar a familias enteras de sus tierras de manera inmediata, en nombre de proyectos “de interés nacional”, sin que existan mecanismos independientes de apelación o defensa.
La Procuraduría General de Justicia fue anunciada en agosto por Rosario Murillo como parte de su “guerra contra la corrupción”. Sin embargo, opositores y críticos sostienen que su verdadero propósito es purgar y castigar a figuras incómodas del sandinismo histórico y a cualquier sector que represente un obstáculo político o económico para el régimen Ortega-Murillo.
