Procuraduría de Colombia revisa 600 correos oficiales para dar con los responsables de la fuga de Carlos Ramón González a Nicaragua
La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación para determinar si funcionarios de la Cancillería y de la embajada en Managua facilitaron la huida de Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno de Gustavo Petro acusado por corrupción y ahora protegido del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Como parte de las diligencias, peritos e investigadores de la Procuraduría realizaron una inspección en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, y tiene en su poder más de 600 correos electrónicos y la declaración de un funcionario de la embajada colombiana en Nicaragua.
"En las más de 20 horas de labores en la Cancillería, el equipo recopiló circulares, manuales de protocolos y de servicio, entre otros documentos, dentro de los cuales está el cruce de correos de junio de 2024 hasta la fecha entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidos los de la canciller Rosa Villavicencio, excancilleres y viceministros", informó la Procuraduría.
La investigación busca esclarecer si existió colaboración oficial para que González, de 66 años yexcompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, obtuviera facilidades migratorias para buscar el amparo de los dictadores nicaragüenses y evitar enfrentar el proceso por el presunto desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita al Dapre, para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
Hasta el momento no se han determinado responsabilidades. No obstante, exembajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, admitió que colaboró con la gestión de la entrada al país de Carlos Ramón González, pero aseguró en que en ese momento no existía orden de captura en su contra.
"Facilité la intermediación con las autoridades nicaragüenses para autorizar su ingreso al país, como se debe hacer con cualquier connacional. Mi actuación como embajador se enmarcó estrictamente en las funciones diplomáticas, dentro del marco legal y en gestiones similares que realicé con otros colombianos", defendió.
Muñoz agregó que González le informó que su visita a Nicaragua sería "exclusivamente de carácter temporal", y que no le manifestó ni le colaboró en la gestión de residencia permanente en Nicaragua.
La Fiscalía imputó Gonzalez por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, al señalarlo de ordenar millonarias coimas a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hoy detenidos por este caso. Parte de ese dinero, según el ente acusador, provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira (norte).
Protegido del régimen
La investigación sobre el plan de fuga de González inicialmente estaba bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar si funcionarios colombianos hicieron trámites o gestiones desde la Cancillería o la embajada en Managua para favorecer el movimiento migratorio de González y la expedición de residencia en Nicaragua que derivaron en su blindaje político como protegido del régimen Ortega-Murillo por medio del reconocimiento de asilo.
El gobierno de Colombia había solicitado a Nicaragua la extradición del exfuncionario en fuga, pero en su defecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, informó la decisión de concederle asilo político bajo el argumento de que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos".
En la misiva, Nicaragua invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalando que "en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas".
Nicaragua, bajo el control del régimen Ortega-Murillo, se ha convertido en los últimos años en protector de exfuncionarios extranjeros requeridos por la justicia de sus países, convirtiendo a Nicaragua en un paraíso para oscuros personajes señalados por corrupción.
