“En un abrir y cerrar de ojos, nos quitaron todo”: miedo, zozobra y malestar en comunidades afectadas por mega confiscación
En las zonas fronterizas de Nicaragua, desde comunidades indígenas del Caribe Norte hasta poblaciones enteras del Pacífico, muchos lugareños aún no procesan la "novedad" de que las tierras donde sembraron, construyeron, heredaron y trabajaron durante décadas ya no les pertenecen. El Estado se las adjudicó por orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No fueron informados, mucho menos consultados. Nadie les ha dicho qué pasará con ellos. Tampoco si serán compensados.
El traspaso de sus bienes, comprendidos en la franja de 15 kilómetros desde los límites fronterizos del país hacia el interior, se concretó con la aprobación en primera legislatura de la Ley de Territorio Fronterizo. Comprende 18 mil kilómetros cuadrados: se trata de la mayor confiscación en la historia de Nicaragua.
"Con esta barbaridad nadie puede estar tranquilo. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras propiedades pasaron a ser del Estado sin ninguna explicación", se lamenta un productor de café de Teotecacinte, un pequeño poblado fronterizo con Honduras, que pertenece al municipio de Jalapa, Nueva Segovia.
El caficultor se declara militante del Frente Sandinista, pero dice que no puede apoyar ni entender la medida.
"Ni poniéndonos una venda en los ojos podríamos ocultar el malestar, la zozobra, la preocupación y el chorro (cantidad) de preguntas sin respuesta que ha desatado esta ley. Todo Teotecacinte y sus comunidades vecinas han sido transferida", cuestiona sin ocultar su decepción.
La norma aprobada por la Asamblea Nacional afecta a comunidades completas, productores, ganaderos, empresarios turísticos e indígenas. La incertidumbre es total, confirma el productor.
Población en alerta
La zozobra no se limita a una zona. En la franja fronteriza con Honduras, el temor se extiende desde las comunidades indígenas de Waspam, en el Caribe Norte, hasta Potosí, en el municipio de El Viejo, Chinandega.
"La ley prácticamente se llevó por delante municipios enteros como Cinco Pinos, Somotillo, Santo Tomás del Norte y San Pedro del Norte", señala un abogado de la zona a cuyos clientes esta norma también ha causado desconcierto.
El jurista detalla que, aunque la ley establece que las propiedades comprendidas en los primeros 15 kilómetros desde la frontera pasan a manos del Estado, no ofrece ninguna claridad sobre el futuro de sus actuales propietarios, muchos de los cuales cuentan con títulos legales y registros públicos vigentes.
"Tengo clientes como ganaderos y empresarios turísticos que me han llamado muy preocupados. Aunque tienen sus documentos en regla, la ley los ha dejado sin seguridad sobre sus bienes. Ahora todo depende de la voluntad de la Procuraduría General de la República", comenta, dejando en claro que no existe margen de defensa para los afectados.
El abogado explica que las propiedades dentro del nuevo "territorio fronterizo" quedarían inmovilizadas: no se podrán vender, hipotecar ni transferir, porque legalmente ya pertenecen al Estado.
"Para vender o heredar cualquier bien dentro de esa franja, la decisión quedaría en manos de la Procuraduría. La ley genera un estado de parálisis registral, económica y legal, sin ofrecer respuestas claras sobre los derechos de quienes hoy son dueños legítimos", apunta.
Alarma también en la frontera sur
En la frontera con Costa Rica, el impacto no es menor. La incertidumbre jurídica se extiende desde San Juan del Norte, en el departamento de Río San Juan, hasta San Juan del Sur, en la costa del Pacífico.
Dueños de hoteles, restaurantes, fincas y proyectos turísticos están alarmados por el riesgo de que sus propiedades queden sujetas a la discrecionalidad del régimen.
La ley fue aprobada por unanimidad por los diputados obedientes al régimen bajo el argumento de "proteger la soberanía nacional" y "prevenir injerencias externas". Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que se trata de una megaconfiscación que responde a intereses represivos y económicos del régimen.
No hay claridad sobre compensaciones, ni mecanismos de defensa para los propietarios. Tampoco hay espacio para apelar.
"Esto es saqueo", denuncia el abogado.
Amaru Ruiz: “La ley responde a intereses extractivos”
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, advirtió que esta norma forma parte de una estrategia del régimen para controlar los territorios fronterizos y facilitar el otorgamiento de concesiones, incluyendo mineras, en zonas antes protegidas.
“Esta ley está diseñada para facilitar el otorgamiento de concesiones extractivas en zonas que antes estaban resguardadas, como las áreas fronterizas y territorios indígenas. No se trata de seguridad nacional, sino de entregar estos espacios a intereses económicos afines al régimen”, explicó.
El ambientalista alertó además que ya se han otorgado concesiones mineras a empresas como la china Thomas Metal en áreas que ahora se verán respaldadas por esta nueva legislación.
“La población ni siquiera ha sido informada. El Estado está operando a espaldas de la gente, expropiando, reordenando y entregando sin transparencia ni participación ciudadana”, añadió.
