Jueza federal frena cancelación del TPS para nicaragüenses y hondureños hasta noviembre
Una jueza federal de California bloqueó la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que amparaba a más de 60.000 migrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal, quienes enfrentaban la inminente pérdida de su estatus legal en Estados Unidos.
El fallo extiende la vigencia del TPS hasta el 18 de noviembre de 2025, fecha en la que se celebrará una nueva audiencia. Entre los beneficiarios hay casi 3.000 nicaragüenses y más de 51.000 hondureños que estaban a semanas de perder sus permisos de trabajo y residencia legal.
La jueza Trina L. Thompson, del Tribunal Federal de San Francisco, consideró que la cancelación del TPS fue apresurada, sin fundamento adecuado y posiblemente motivada por discriminación racial y política. Citó declaraciones públicas del presidente Donald Trump como ejemplo de esa parcialidad, en las que señalaba que los migrantes estaban “envenenando la sangre” del país.
Una decisión que suspende la amenaza de deportación
El TPS para los migrantes de Nepal vencía el 5 de agosto, mientras que los permisos de hondureños y nicaragüenses expiraban el 8 de septiembre. La resolución judicial congela estos plazos y brinda un respiro temporal a miles de familias mientras continúa el proceso legal.
El fallo también señaló que la eliminación del programa tendría un impacto económico negativo estimado en 1.400 millones de dólares, y pondría en riesgo empleos clave ocupados por migrantes en sectores como la construcción, el cuidado de personas y la salud.
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Organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos celebraron la decisión como una victoria parcial, pero advirtieron que la amenaza no ha desaparecido. “Es un alivio momentáneo, no una solución definitiva”, expresaron.
Nicaragua y Honduras: un respiro temporal para miles de familias
Aunque la decisión judicial no representa una solución permanente, mantiene protegidos legalmente a miles de centroamericanos, incluyendo a casi 3.000 nicaragüenses y más de 51.000 hondureños que habían sido notificados del fin de sus permisos bajo el TPS.
Defensores de los derechos de los migrantes han insistido en que las condiciones en Nicaragua, Honduras y Nepal siguen siendo inestables y que el regreso forzado a esos países expondría a muchas personas a situaciones de riesgo social, económico o político.
La próxima audiencia judicial, programada para el 18 de noviembre de 2025, será decisiva para determinar si se extiende nuevamente la protección o si se reactiva la cancelación promovida por la actual administración.
