La cooperación china convertida en negocio: el régimen cobrará 24,500 dólares por casas valoradas en 11,600

En plena temporada de lluvias, Teresa, madre de seis hijos —uno con discapacidad—, libra una batalla diaria contra la pobreza y la precariedad de su vivienda. Su techo de zinc, corroído por el tiempo, deja entrar el agua, y el suelo de tierra se convierte en un barrizal que vuelve las noches interminables. Teresa vive en una comunidad rural del departamento de Granada, lejos de los proyectos habitacionales que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsa solo en Managua.

“Siempre he querido tener una casa bonita, bien acondicionada donde pueda vivir con mis hijos. En mi caso no aplico a esas casas que ofrece el gobierno, porque no tengo las posibilidades. Con lo que gano lavando y planchando ropa ajena apenas compro un poco de comida”, lamenta.

Nunca ha recibido apoyo estatal. “Aquí nunca me han venido a visitar para ver las condiciones en las que vivo, nunca me han dado ni siquiera unas láminas de zinc. Mi casita se está cayendo poco a poco, y cuando llega el invierno no dormimos para nada”, cuenta.

Mientras Teresa sufre, miles de personas acudieron del 26 al 28 de julio a una feria del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) para aspirar a una de las 920 viviendas entregadas en la urbanización Nuevas Victorias, proyecto construido con fondos donados por China.

María Luisa, de 31 años, fue una de las que hizo fila desde temprano en el Centro de Convenciones Olof Palme, esperando cumplir con los requisitos para obtener una casa.

“Pienso que puede ser mi oportunidad para acceder a un sueño que uno tiene: tener una casa. No sé si me la van a dar porque ahí llegó un montón de gente (a la feria) y apenas son 900 casas, y con el Gobierno ya sabemos que muchas de ellas ya deben estar apartadas, pero confío en que salga beneficiada”.

Actualmente, ella y su esposo viven con sus padres y tuvieron que sumar ambos ingresos para cumplir con los requisitos, algo difícil para la mayoría.

Una donación que se volvió negocio

El embajador chino Chen Xi entregó oficialmente las viviendas, enfatizando que se trata de un financiamiento no reembolsable, un gesto de “amistad y solidaridad”. Sin embargo, la dictadura Ortega-Murillo convirtió esta donación en un negocio para su beneficio.

Cada casa tiene un precio oficial de 11,600 dólares, supuestamente “subsidiado” frente a un valor de mercado de 30,000 dólares. Pero para acceder a ellas, los compradores deben pagar una prima inicial de 500 dólares y cuotas mensuales de alrededor de 100 dólares durante 20 años, con una tasa de interés del 7.25% anual.

Esto significa que al final del crédito, los compradores terminan pagando cerca de 24,500 dólares, más del doble del precio subsidiado, con intereses que superan el 100% del valor original.

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Las viviendas, ubicadas en Sabana Grande, Managua, miden 37 metros cuadrados en lotes de 150 metros, incluyen sala, comedor, cocina, dos habitaciones, baño y área de lavado. El proyecto total contempla la construcción de más de 12,000 viviendas en varias fases, pero solo 920 están disponibles actualmente.

Durante la feria, la directora de INVUR, Gabriela Palacios, confirmó que más de 2,800 personas solicitaron información, y al menos 200 ya hacían fila desde el día anterior.

Exclusión sistemática y falta de transparencia

Con un precio final de aproximadamente 24,500 dólares por cada vivienda, la dictadura Ortega-Murillo podría recaudar cerca de 22.5 millones de dólares solo con la venta de las 920 casas de la urbanización Nuevas Victorias. Sin embargo, no existe transparencia sobre quién recibe esos ingresos ni a qué empresa o entidad se destinan los fondos. Tampoco hay rendición de cuentas ni supervisión independiente, alimentando sospechas de que esta donación internacional, al igual que la cooperación venezolana, podría estar siendo privatizada y controlada por la familia Ortega-Murillo para su beneficio personal.

Aunque el régimen promociona Nuevas Victorias como un “logro social”, el acceso a las viviendas está condicionado a requisitos que excluyen a las familias más pobres, como la de Teresa men Granada. Se exige ingresos familiares de entre uno y diez salarios mínimos, presentación de negativa de bienes y una prima inicial que para muchos es inalcanzable.

Además, el proceso se desarrolla en medio de un manto de opacidad. Ciudadanos denuncian que gran parte de las casas ya estarían asignadas a simpatizantes del Frente Sandinista, un patrón habitual en programas sociales bajo control del régimen.

Mientras eso ocurre, cientos de familias siguen enfrentando el invierno con techos de lata rotos y pisos de tierra, sin que las donaciones internacionales para vivienda lleguen a quienes más las necesitan.