La dictadura entrega cuatro concesiones mineras en Madriz y Chontales que juntas abarcan un área más grande que Managua
El Ministerio de Energía y Minas otorgó este martes cuatro nuevas concesiones mineras a la empresa Global Group Sociedad Anónima, representada legalmente por Deybi García Gutiérrez, un empresario con supuestos vínculos con el oficialismo.
Las concesiones publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, comprenden un total de 40,710 hectáreas (407.1 km²) distribuidas en los departamentos de Madriz y Chontales, con una vigencia de 25 años para la explotación de minerales metálicos y no metálicos. El lote más grande, denominado “Acoyapa”, suma más de 25,000 hectáreas en los municipios de Villa Sandino, Acoyapa y El Coral (Chontales), mientras que los otros tres lotes están ubicados en el municipio de San Juan del Río Coco y Telpaneca (Madriz).
Esta extensión territorial entregada en un solo día es comparable a más del 150% del municipio de Managua, que tiene una superficie de 267 km². También equivale a más de la mitad del territorio del municipio de Estelí, uno de los más grandes del país, o a más de 57,000 canchas de fútbol profesional.
Además, estas concesiones se suman a otras tres entregadas la semana pasada, que totalizan 46,000 hectáreas más. En menos de una semana, Global Group ha acumulado un control sobre 86.710 hectáreas, es decir, 867 km², una extensión que equivale a cerca del 0.66% del territorio nacional (aproximadamente 131,364 km² según datos oficiales).
¿Quién está detrás de esa empresa minera?
La opacidad con que se entregan estas concesiones, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a las comunidades locales, genera alarma entre expertos y organizaciones defensoras del medio ambiente. No hay información pública sobre la experiencia minera de Global Group ni sobre el proceso que avala su operación, lo que alimenta las sospechas de que se trata de un esquema de testaferros para favorecer a la familia Ortega Murillo.
El ambientalista y activista Amaru Ruiz ha señalado que Deybi García podría fungir como prestanombres del régimen Ortega-Murillo, evidenciando un patrón de concentración económica y control político de los recursos naturales del país en manos de unos pocos, en detrimento del bien común y los derechos territoriales de las comunidades.
El patrón es claro: una empresa sin trayectoria visible, con vínculos al régimen, ha acumulado en días un control territorial que supera al de varios municipios combinados, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Este tipo de concesiones refuerza un modelo extractivo autoritario, que estaría al servicio de un pequeño grupo en el poder.
