Putin y Ortega sellan pacto de impunidad: Ni la Corte Penal Internacional podrá tocarlos

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un nuevo paso en su alianza con el régimen de Vladimir Putin al aprobar un acuerdo bilateral que garantiza inmunidad absoluta y funcional para ellos, sus familias y funcionarios, incluyendo militares, policías y alcaldes, y que bloquea cualquier intento de extradición, detención o juicio por parte de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).

Este acuerdo —ya aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua este jueves y a la espera de ratificación por la Duma Estatal de la Federación de Rusia— se titula “Acuerdo sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional”. Aunque su lenguaje está envuelto en términos de “protección”, en la práctica constituye un blindaje jurídico total entre dos regímenes acusados de cometer crímenes graves bajo el derecho internacional.

El Acuerdo define como “persona protegida” a cualquier “ciudadano de una Parte (Rusia o Nicaragua), así como un funcionario activo o retirado, incluye personal militar activo o en retiro”, lo que abarca a una amplia gama de colaboradores del régimen.

Además, define como “tercera parte” a cualquier Estado, organización o tribunal extranjero, “incluida la Corte Penal Internacional”, excluyendo de entrada cualquier colaboración con la justicia internacional.

Una de las cláusulas más contundentes establece que ninguna persona protegida podrá ser entregada a una tercera parte sin consentimiento expreso de su Estado de origen:

“Una persona protegida de una de las Partes no podrá ser entregada por la otra Parte a una tercera parte por medio de expulsión, deportación o extrañamiento, por motivos no relacionados con la extradición sin consentimiento previo expreso de la primera Parte”, señala el acuerdo.

Y en caso de que ese consentimiento no exista, ambos países se comprometen a repatriar a la persona protegida:

“Las Partes inmediatamente tomarán todas las medidas apropiadas para trasladar a la persona protegida al territorio de la primera Parte”.

Impunidad asegurada, protegen hasta sus patrimonios

Este acuerdo va más allá de evitar detenciones. También prohíbe incautaciones o acciones que afecten a la libertad personal o el patrimonio:

Se protegen incluso ante “otras solicitudes dirigidas a recopilar información, materiales y elementos de prueba, llevar a cabo acciones procesales, restringir la libertad, los derechos personales y de propiedad”.

De forma explícita, el acuerdo reconoce “inmunidad personal absoluta” a los jefes de Estado y altos cargos:

“Gozan de inmunidad personal absoluta las personas que ocupan los cargos de jefe del Estado, presidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores”. En el caso de Nicaragua, esta protección recae en Daniel Ortega, Rosario Murillo (referidos como “copresidente y copresidenta”), y el canciller.

También establece inmunidad funcional para todos los actos cometidos en funciones oficiales, incluso después de dejar el cargo, abarcando:

“Funcionarios nombrados por acuerdo de la Presidencia de la República de Nicaragua, funcionarios nombrados por la Asamblea Nacional, alcaldes y vicealcaldes”.

El blindaje es tan amplio que permite, por consentimiento diplomático mutuo, extender la protección a otros actores no mencionados, lo que abre la puerta a blindar a familiares, oligarcas, testaferros y otros aliados políticos.

“Las partes tendrán derecho, por consentimiento mutuo, expresado por conducto diplomático, a reconocer la inmunidad personal de los funcionarios no especificados en el presente acuerdo”.

¿Qué buscan proteger? 

Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con la Policía, el Ejército y decenas de alcaldes del país, han sido señalados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU por cometer crímenes de lesa humanidad desde 2018, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución política. Según ese informe, el régimen utiliza al aparato estatal para reprimir sistemáticamente a la población civil.

Por su parte, Vladimir Putin enfrenta una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional desde marzo de 2023, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa a Ucrania, incluyendo la deportación forzosa de niños ucranianos hacia territorio ruso.

Con este acuerdo, ambos regímenes sellan un pacto de impunidad mutua, ignorando por completo el derecho penal internacional y las normas de justicia universal.