WOLA insta a EE.UU. a revertir la cancelación del TPS para Honduras y Nicaragua
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hizo un llamado urgente al gobierno de Estados Unidos para que revierta la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua.
La medida, anunciada el 7 de julio por la DHS, afecta a más de 55.000 migrantes de Honduras y Nicaragua que han vivido en el país durante décadas bajo este amparo humanitario.
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La directora de WOLA para Centroamérica, Ana María Méndez, advirtió que la eliminación del TPS para estas nacionalidades no solo pone en riesgo la seguridad y el bienestar de miles de personas, sino que también amenaza con desestabilizar a comunidades enteras y debilitar la economía estadounidense.
“La decisión del DHS ignora las condiciones que llevaron a la designación del TPS en primer lugar”, señaló Méndez en un comunicado. Agregó que tanto “Honduras y Nicaragua siguen siendo países marcados por la violencia, la pobreza extrema, la corrupción estructural y, en el caso de Nicaragua, un régimen autoritario que niega las libertades básicas y los derechos humanos”.
De acuerdo con el organismo internacional, más de 52.000 hondureños y cerca de 3.000 nicaragüenses está amparados por el TPS y que han residido legalmente en Estados Unidos durante más de 25 años, contribuyendo activamente a sus comunidades locales. Además, muchos de ellos tienen hijos nacidos en EE.UU., y están plenamente integrados en la vida social y económica del país.
Cancelación de TPS afectará la economía de EEUU
WOLA subraya que la cancelación de este estatus migratorio para Honduras y Nicaragua se suma a las recientes terminaciones del TPS para Venezuela, Afganistán, Camerún, Nepal y Haití, lo que refleja una tendencia preocupante hacia el desmantelamiento de la protección humanitaria.
Cifras oficiales indican que unos 72.000 hondureños y cerca de 4.000 nicaragüenses podrían verse afectados con la cancelación del TPS. Según WOLA, los beneficiaros de este estatus han generando alrededor de 21 mil millones de dólares anuales en sectores como la construcción, la atención médica, la agricultura y los servicios.
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Siete demandantes de los países afectados, junto con la Alianza Nacional TPS y un grupo de defensa, presentaron la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y la secretaria Kristi Noem, alegando que las terminaciones fueron, en parte, motivadas por "animadversión racial" y supuestamente violaron la Constitución.
Los demandantes alegan que la cancelación del TPS viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al no basarse en un análisis exhaustivo y razonado sobre las condiciones actuales en Nicaragua, Honduras y Nepal.
