El régimen mantiene 53 presos políticos e instaura la desaparición forzada como política de Estado

Al menos 53 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Nicaragua, 15 en condición de "desaparición forzada", una práctica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolida como política de Estado contra la disidencia. Así lo advierte el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.

La desaparición forzada de los presos políticos se ha profundizado desde enero de 2024. Las detenciones arbitrarias se ejecutan "sin información a las familias, negando el paradero de las personas y sometiéndolas a un régimen de incomunicación total". Esta táctica sumerge a las familias en "semanas e incluso meses de incertidumbre", siendo "enviadas de un centro a otro de forma deliberada" por las autoridades, lo que "intensifica la desesperación".

Para las personas desaparecidas, la crueldad se manifiesta en el hecho de que permanecen "incomunicadas, sin acceso a atención médica, objetos personales o contacto con sus seres queridos—una violación flagrante del derecho a la salud, a la comunicación, y a la integridad física y mental".

Esta práctica es parte de una "estrategia deliberada para castigar la disidencia" y ha sido calificada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua como "crímenes de lesa humanidad". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha alertado sobre la "imposición del miedo como política de Estado" y el uso prolongado de la incomunicación para "desestructurar los vínculos familiares y sociales".

El Mecanismo, una alianza de organizaciones de derechos humanos, familiares y activistas, documenta no solo la existencia de estos presos políticos, sino también las "dramáticas condiciones carcelarias y las graves violaciones a los derechos humanos" que enfrentan. Este listado, actualizado al 18 de junio, incluye a 53 personas, de las cuales 16 son adultos mayores. El Mecanismo advierte que existe un "subregistro" debido a la opacidad oficial y el "ambiente de represión y amenazas derivadas del estado policial que prevalece en el país". La cifra real de personas encarceladas por motivaciones políticas puede ser mayor.

Ocho desaparecidos tras redadas contra opositores y militares

En la última redada del mes de mayo al menos veinte personas fueron detenidas arbitrariamente en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. El informe especifica que estas operaciones no solo afectaron a personas vinculadas a partidos políticos de oposición, como Ciudadanos por la Libertad, sino que también se dirigieron "específicamente contra exmiembros del Ejército, tanto en servicio pasivo como activo".

Esta persecución contra militares se ha consolidado como un patrón dirigido a "silenciar cualquier tipo de crítica o disidencia dentro de las estructuras del Estado". El Mecanismo detalla que las detenciones ocurrieron sin orden judicial ni notificación oficial, y en su mayoría sin brindar información sobre los motivos ni el lugar de detención.

De las veinte personas detenidas en esa redada de mayo, se ha conocido información que doce fueron liberadas días después, mientras que ocho continúan desaparecidas. Un caso emblemático es el del general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, detenido el 14 de mayo, sobre quien "no existen datos oficiales sobre su salud o localización" y solo "información no verificada indica que habría sido condenado por 'traición a la patria' con una pena de 20 años" por "traición a la patria".