Nicaragüenses con parole reciben notificaciones de salida de Estados Unidos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a enviar notificaciones oficiales a miles de beneficiarios del programa de parole humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos, informándoles de la revocación inmediata de su estatus migratorio y su permiso de trabajo, y ordenándoles abandonar el país voluntariamente para evitar medidas de deportación.
La medida, impulsada por la administración Trump y avalada por un fallo de la Corte Suprema del 30 de mayo, afecta a más de 532.000 personas que ingresaron a Estados Unidos desde 2022 bajo el programa. Según el DHS, los beneficiarios cuyos permisos han sido revocados y no han obtenido un estatus legal alternativo deben salir del país “inmediatamente”.
“Este aviso le informa que su permiso para permanecer en Estados Unidos ha sido revocado. Si no se marcha, podría estar sujeto a medidas de aplicación de las leyes migratorias”, indica la notificación que están recibiendo los beneficiarios del parole.
El caso de Rubén: “No he podido trabajar legalmente ni un día”
Rubén, un conductor de buses interurbanos originario de Matagalpa, llegó a Estados Unidos en junio de 2024 beneficiado por el programa. A sus 52 años, su plan era claro: trabajar durante los dos años que le permitían, ahorrar, y regresar al país para invertir en dos vehículos con los que pudiera ser taxista.
“Mi idea era venir a trabajar los dos años para comprarme un par de carritos y meterme a taxear de regreso en Nicaragua”, cuenta desde Queens, Nueva York.
Tras pagar 470 dólares por su permiso de trabajo, este finalmente llegó en enero con un error en su apellido. Eso le impidió obtener el número de seguridad social y trabajar legalmente. Solicitó una corrección, pero en febrero, bajo órdenes de la administración Trump, se congelaron todas las solicitudes migratorias de beneficiarios del parole, incluidos permisos de trabajo. El nuevo documento nunca llegó.
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“Lo que hice fueron días sueltos para medio comer y pagar la renta del cuarto. No tengo ni un peso porque a cualquier lado que me ofrecían trabajo por amistades o porque yo lo buscaba me pedían el número de la seguridad social y nunca lo tuve por ese error”, relata.
Rubén recibió recientemente la notificación de revocación, y con ella, la orden de abandonar Estados Unidos de forma voluntaria para evitar medidas de deportación.
“Me siento frustrado, decepcionado, perseguido, avergonzado de tener que volver a Nicaragua y decirle a mis hijos que no hice nada”, revela.
Su parole vencía originalmente el 22 de junio de 2026. No solicitó asilo, pues su objetivo era claro: agotar su estancia legal y regresar a Nicaragua con el dinero suficiente para comprar sus dos carros usados. Ahora considera acogerse al programa de autodeportación voluntaria que sugiere la Administración, con la esperanza de acceder a los 1.000 dólares que ofrece el gobierno como incentivo.
El programa parole humanitario, creado bajo el gobierno de Joe Biden, permitía el ingreso de hasta 30.000 personas mensuales de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití si cumplían ciertos requisitos, incluido tener un patrocinador financiero en Estados Unidos. En total, se aprobaron más de 500.000 permisos de entrada, incluyendo unos 93.000 nicaragüenses. En principio, aquellos que realizaron una solicitud de ajuste de estatus, como una solicitud de asilo, están protegidos ante una deportación, pero se han reportado casos de que personas en esa condición que también están siendo notificadas.
