Al menos 546 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad arbitrariamente

Al menos 546 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad arbitrariamente

Al menos 546 nicaragüenses han sido despojado arbitrariamente de su nacionalidad y condenados a la apatridia desde febrero del 2023, de acuerdo a un recuento realizado por el organismo Raza e Igualdad (Race and Equality).

De los 546 desterrados, 161 nicaragüenses fueron expulsados en el 2024. En enero, 15 sacerdotes fueron enviados a Roma, entre ellos los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora; en agosto, siete sacerdotes más fueron desterrados al Vaticano; 135 presos políticos fueron enviados a Guatemala en septiembre; y desde el 31 de octubre al 3 de diciembre fueron expulsados tres sacerdotes, entre ellos el obispo Carlos Enrique Herrera, y un periodista.

Raza e Igualdad destacó que el 2024 fue un año trágico para Nicaragua, ya que se consolidó el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al reformar la Constitución Política para instaurar un sistema dinástico al concentrar el poder en la cuestionada figura de "co-presidencia".

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En ese periodo, el régimen aprobó al menos 12 leyes represivas destinadas a limitar "gravemente las libertades fundamentales, mientras la represión y el control estatal se intensifican".

Raza e Igualdad denunció que todavía permanecen en las celdas del régimen 45 presos políticos, entre ellos, 39 hombres, 6 mujeres, y 11 adultos mayores. Asimismo, denunciaron la desaparición forzada de 9 personas, entre ellas la periodista Fabiola Tercero, y los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Steadman Fagoth.

"Actualmente, 45 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, incluyendo 39 hombres, 6 mujeres y 13 adultos mayores. Además, se reportan 9 casos de desaparición forzada, entre los que destacan la periodista Fabiola Tercero y los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Steadman Fagoth", publicó la organización en su cuenta X.

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En relación a la represión institucional, Raza e Igualdad destacó la persecución que ejecuta el régimen Ortega-Murillo en las instituciones del Estado que "también ha alcanzado a trabajadores del Estado y simpatizantes del partido de gobierno, con al menos 25 casos de detención arbitraria que no han sido denunciados debido a amenazas".  

El organismo internacional advirtió sobre el deterioro de los derechos humanos en el país. La comunidad internacional sigue con preocupación los actos de destierro, desapariciones y detenciones arbitrarias en Nicaragua.