CIDH advierte que se ha consolidado una quinta etapa de represión estatal

La Comisión llama al Estado de Nicaragua a cesar inmediatamente las detenciones como forma de represión o intimidación de la protesta o del ejercicio de derechos políticos.

MANAGUA — Nicaragua ha entrado a una nueva etapa de represión estatal, ha advertido este 18 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a dos años de iniciadas las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El organismo americano alertóque ha constatado la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal,caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento yrepresión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno,así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblosindígenas.

Ante estos hechos, la Comisión expresó su preocupación por el mantenimiento de un estado de excepción de hecho, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación.

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También menciona, en un comunicadode prensa, que en Nicaragua no se permite ninguna forma de disidencia, elderecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y aparticipar en la dirección de los asuntos públicos, “consolidándose así el másintenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurrido en el paísdesde el inicio de la crisis”.

“La CIDH ha recibidoinformación sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y lacriminalización en contra de personas opositoras, inclusive excarceladas, bajoprocesos arbitrarios e ilegales”, asegura.

Daniel Ortega mantiene en susceldas a al menos 70 opositores que han sido acusados de delitos contra lapropiedad; portación, tenencia o tráfico de armas; y tráfico de drogas.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

La Comisión Interamericanarecordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),instalado en julio de 2018 con el fin de coadyuvar en las investigaciones delas muertes ocurridas en el contexto de los hechos violentos en el país, presentóun informe en el que concluyó la realización de conductas en el contexto de unataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo conel derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, talescomo la encarcelación u otra privación de la libertad física, persecución,violación y tortura.

Según la CIDH, a dos años del inicio de las protestas, se observa la persistencia del quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la percepción del funcionamiento de la Asamblea Nacional en plena alineación con el Ejecutivo.

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“La evidencia muestra laexistencia de coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes delGobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a cualquierpersona identificada como opositora al Gobierno”, manifestó.

En este sentido, el MecanismoEspecial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), creado por la CIDH, haidentificado desde el segundo semestre de 2019 a la fecha, patrones deviolaciones a los derechos humanos consistentes en la intensificación de lavigilancia, hostigamiento y represión selectiva de líderes y lideresas socialesy políticos; defensoras y defensores de derechos humanos; periodistas ytrabajadores de la prensa.

Estas violaciones también sehan dirigido contra comunidades y pueblos indígenas.  El Mecanismo también ha sabido de denuncias deejecuciones extrajudiciales de personas opositoras y campesinas.

“De acuerdo con informaciónde la sociedad civil, durante el 2020 se habría identificado una dinámica en laque se detiene y libera a un número similar de personas en el mismo periodo detiempo, lo cual, además de causar incertidumbre en las personas excarceladastendría como finalidad mantener en permanente zozobra a las personas ante elpatrón de detenciones arbitrarias como estrategia inhibitoria de acciones deprotesta y negar la existencia de presos políticos”, agregó.  

Es por esto que la Comisiónllama al Estado de Nicaragua a cesar inmediatamente el uso de la detención comoforma de represión o intimidación de la protesta o del ejercicio de derechospolíticos, así como a la pronta liberación de las personas detenidas en esecontexto.

ATAQUES A MEDIOS

De acuerdo con el documento de la  CIDH, a través del Meseni también ha recibido información sobre la intensificación del acoso a medios independientes de comunicación, mediante la falta de acceso a fuentes de información oficiales, el hostigamiento, amenazas y ataques a la integridad de sus trabajadores, así como el embargo de bienes y el hostigamiento administrativo, con el fin de entorpecer su funcionamiento.

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Por otro lado, mencionó que continúala clausura y toma de las instalaciones del canal 100% Noticias y el mediodigital audiovisual El Confidencial.

“La Comisión fue informadasobre el embargo aduanero de insumos básicos para el funcionamiento de losmedios de prensa impresa independientes La Prensa y El Nuevo Diario. Cuando enfebrero de 2020 el embargo fue liberado, El Nuevo Diario ya había dejado decircular, tanto en su versión impresa como digital”, dijo.

La CIDH expresó que a dosaños del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua reitera sucompromiso permanente con las víctimas de violaciones a los derechos humanos ycon la población nicaragüense.

“A la fecha, la respuestaviolenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018,ejecutada bajo diferentes modalidades o etapas de represión, ha resultado en lamuerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes;cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de lasalud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad”, precisó.

La Comisión rechazó larevictimización que sufren familiares y víctimas de las violaciones a losderechos humanos en Nicaragua como consecuencia de la continuación de larepresión y la ausencia de medidas tendientes a garantizar el derecho a la verdad,el acceso a la justicia y la reparación.

“La CIDH expresa sureconocimiento a las personas y organizaciones que, en medio del dolor de lapérdida de sus seres queridos y los ataques contra su integridad, como es elcaso de la Asociación de las Madres de Abril (AMA), entre otras, siguentrabajando incansablemente, inclusive desde el exilio, en el registro dehechos, testimonios, información, denuncias y construcción de memoria. Esevalioso trabajo de recopilación y constatación de información, junto con elrealizado por la Comisión desde el inicio de la crisis de derechos humanos,permite sentar las bases de procesos de verdad y justicia”, comentó.

Por último, el organismoadscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que, estesegundo aniversario de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, ocurre enmedio de los efectos de la pandemia global del Covid-19.

“El pasado 8 de abril, laComisión manifestó su profunda preocupación por la ausencia de medidasdestinadas al distanciamiento físico o social como mecanismo para contener lapandemia en el país, según las recomendaciones de los organismosinternacionales especializados”, subrayó.

La institución de derechos humanosse mostró preocupada por la falta de medidas positivas para proporcionarinformación pública, fidedigna, transparente y pormenorizada sobre aspectosesenciales en el manejo de la crisis, así como respecto a las medidas yprotocolos para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.

“La CIDH hace un llamado alEstado nicaragüense a cumplir con las recomendaciones formuladas a través desus diferentes mecanismos y, en particular, en su Resolución 01/2020 Pandemia yderechos humanos en las Américas”, añadió.