Nicaragua bajo dictadura es el quinto lugar en equidad de género en el mundo

Feministas señalan que la violencia machista, que durante el 2019 ha cobrado la vida de 60 mujeres, es parte de la deuda que tiene el Estado con las mujeres.

Desde 2012 la vicepresidenta, Rosario Murillo celebra lainclusión de Nicaragua, en el ranking de los 10 mejores países del mundo paraser mujer, una lista selecta que el Foro Económico Mundial, filtra entre 153naciones y en la que Nicaragua, en 2020, aparece en quinto lugar después deIslandia, Noruega, Finlandia y Suecia.

“Gran noticia … 5to lugar Nicaragua en equidad de género enel mundo, quinto lugar… este paisito pequeño, este paisito lleno de coraje…somos un pueblo grande, rico en espíritu, esto lo prueba. Vamos adelante conmuchos éxitos de la justicia, porque eso es justicia, la equidad de género esjusticia”, celebró Murillo en su alocución el 17 de diciembre de 2019, en uncontexto en el que sus funcionarios, incluyéndola han sido sancionados porviolación a los derechos humanos.

Murillo junto a su esposo y dictador, Daniel Ortega,representan a un régimen señalado de cometer crímenes de lesa humanidad,durante las protestas que estallaron en abril de 2018, que dejaron un saldo de328 asesinatos, que según el Grupo Interdisciplinario de ExpertosIndependientes (GIEI), fueron muertes avaladas “por la máxima autoridad delEstado”.

Por lo que dicho reconocimiento para Nicaragua, según lasorganizaciones de mujeres, no se sostiene, pero porque en especial con esterégimen ha habido un retroceso en materia de derechos de las mujeres aun cuandose han aprobado diversas leyes «que no pasan del papel», y de constituir undato estadístico para el Foro Económico Mundial.

LEY 50/50 EL ORIGEN DEL MAL

Para las organizaciones de mujeres no es casual que en 2012, cuando se aprobó la Ley 50/50, Nicaragua ingresara por primera vez al exclusivo Top Ten, después de situarse en el puesto 90 en el año 2007.

En 2007 Nicaragua se encontraba en el puesto 90, pero en 2012 entró al Top Ten en el puesto número nueve.

María Teresa Blandón, directora del Programa Feminista LaCorriente, considera que la Ley 50/50 ha sido aplicada por el régimen en un “afándemagógico” porque aunque en el Estado es notoria una mayor cantidad de rostrosfemeninos en los puestos públicos no se trata más que de un “cambio formal y noreal”.

“Esa asignación de puestos en los distintos poderes delEstado han sido más formales que reales, las mujeres que están en elparlamento, que están en el poder judicial, en el poder electoral, en el propiopoder ejecutivo, excepto Rosario Murillo tienen o ejercen poderes subalternos”, dice Blandón que a su vez critica que los cargos ostentados porestas mujeres se hacen en lineamiento de una política Estatal “machista ymisógina”, en la que las mismas funcionarias violentan los derechos no solo delas mujeres, sino de la población en general.

En Nicaragua, nueve de las 16 sillas ministeriales sonocupadas por mujeres; constituyen el 42% de las diputaciones de la AsambleaNacional; están presentes en los 153 gobiernos locales, y además en lavicepresidencia. Sin embargo, el mejor ejemplo del interés de la política degénero, a criterio de las organizaciones, es el Ministerio de la Mujer, dondedesde 2013 han desfilado siete ministras, algunas de las cuales ni siquierallegaron a los tres meses, cuando fueron removidas del cargo; carece de unaestrategia y su presupuesto equivale apenas el 0.72% de la partida que en 2020le entregarán a la Policía Nacional.

“Es una manipulación, es también una muestra palpable yterrible también del sexismo y la misoginia que ha permeado a este régimen. Esterrible constatar como las mujeres en el poder público son perfectamenteprescindibles, así como las ponen, las quitan, así como las ensalzan, lasdenigran y son los hombres en realidad los que ostentosamente y sin ningunavergüenza, aparecen ejerciendo el poder real”, reitera Blandón.

Para Blandón, quien ha estado al frente de la lucha por losderechos de las mujeres, el régimen Ortega-Murillo “nunca ha estado interesadoen el empoderamiento de las mujeres, tampoco ha hecho nada por cuestionar y portransformar un poder sexista, autoritario que ejercen los hombres dentro de sugobierno”, y considera que el régimen solo promueve la participación de lamujer porque es probablemente, “el único recurso que le ha quedado para tratarde evadir responsabilidades ante la violación sistemática de los derechoshumanos”.

LA DEUDA PENDIENTE DEL ESTADO

Ante este reconocimiento, las organizaciones de mujeres nopueden evitar mencionar la eterna deuda del Estado con las mujeres, enreferencia a la violencia machista que durante el 2019 ha cobrado la vida de 60mujeres frente a 17 que reconoce Murillo y que, además, lo reduce a un problemade parejas en el que deben mediar los pastores evangélicos.

“A raíz del 2007 que empieza este gobierno, que retoma el poder este gobierno, la situación de violencia, todos estos esfuerzos articulados para detener la violencia contra la mujer se ve en deteriorado… es una evidencia de cómo están tratando este gobierno los derechos humanos de las mujeres, cómo se le está dando prioridad, cómo se le está atendiendo a las mujeres en este país», dice Fátima Millón, defensora de derechos humanos.

Católicas por el derecho a decidir han informado que desde2010 Nicaragua registra 644 casos de violencia machista con resultado demuerte, en los cuales el 80 por ciento de los casos se encuentran en laimpunidad. En 2019 también se han registrado 60 casos de femicidios frustrados.

Por ello, las organizaciones no dan crédito al informe dereducción de brecha entre hombres y mujeres que ha publicado el Foro EconómicoMundial, al asegurar que este informe meramente reduce la situación de lasmujeres a datos nóminales, más que a derechos y oportunidades, en especialcuando reconocen los niveles de impunidad en casos de violencia machistacomparado con la cantidad de presos políticos que el régimen tiene en lascárceles.

“No puede ser que haya un juez especializado cuando unamujer se lleva un año en un juicio de violencia cuando no hay un detenido,entonces eso no me está garantizando un acceso a la justicia, me está haciendovíctima de nuevo. No solo del victimario directo sino de un sistema que me hacegastar en recursos cada vez que voy a una audiencia”, explica Millón.

UN PROBLEMA DE FAMILIAS

Las defensoras de derechos humanos reconocen que el principalriesgo para la vida de las mujeres es que el Estado haya reducido laproblemática al campo familiar, no solo con el decretazo contra la Ley 779 quepermitió la mediación y redujo los femicidios a los delitos cometidos por lasparejas sentimentales de las víctimas, sino también al discurso.

“Lo acaba de decir en su discurso, que son desavenencias enla pareja lo que hay y por eso se está dando la violencia extrema, porque no seentienden las parejas. No es el discurso que espero del Estado. El Estado está paragarantizar el acceso a la justicia y para implementar medidas preventivas queeduquen a la población y para prevenir que se dé el delito y cuando el delitoesta, para que sancione. No es con discursos de amor o de lo que yo creopersonalmente que voy a resolver en delito, que ya está contemplado como undelito por la tanto se hace un hecho de orden público. Y el Estado está ahípara garantizar eso”, reclama la defensora.

Millón pone en relevancia que el Estado aborda laproblemática, tal como a lo interno de la familia dictatorial resuelven losproblemas, en alusión a la denuncia que Zoilamerica Narváez, hizo contra eldictador Daniel Ortega a quien señaló de violación, y por lo cual fuedesterrada de la familia.