Daniel Ortega ordenó ilegalizar a 410 oenegés en julio
La Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, decapitó a 410 organizaciones sin fines de lucro en cinco sesiones que desarrolló en julio. Las últimas 100 oenegés fueron ilegalizadas este jueves 28 de julio con el voto favorable de 75 diputados.
En esta nueva lista, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incluyó a la Asociación Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi), que ha denunciado la invasión de los colonos en los territorios indígenas, así como las masacres que han ocurrido en esa zona del país.
En marzo de este año también fue cancelada la Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), que también prestaba asistencia a los indígenas.
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Las organizaciones ilegalizadas suman ya 1,150. La cifra se acerca cada día a la que dio a conocer recientemente el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Brian A. Nichols, quien advirtió que la medida podría alcanzar a más de las 1,797 oenegés que la dictadura reportó como “vulnerables al financiamiento del terrorismo”, en un informe al Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat).
INCUMPLEN LEYES SEGÚN ORTEGA
Las iniciativas de cancelación de las personerías jurídicas fueron presentadas por el diputado Orteguista Filiberto Rodríguez, quien aduce que las fundaciones y asociaciones incumplieron con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro; con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Rodríguez, quien es el “verdugo” de las oenegés, acusa a las organizaciones de no reportar sus estados financieros por más de 8 y 20 años, así como juntas directivas vencidas o acéfalas, “obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, actuando contra ley expresa”.
“Los organismos sin fines de lucro (…) no reportan los informes financieros conforme los periodos fiscales y con desgloses detallados, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron o no acorde a sus fines y objetivos por los que se les otorgó la Personalidad Jurídica”, argumentó Filiberto Rodríguez.
